Solo una veintena de aspirantes al Poder Judicial estarían vinculados con la defensa legal de narcotraficantes, confirmó Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, quien anunció que presentará una impugnación formal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para evitar que dichos perfiles participen en la elección judicial del próximo 1 de junio. Aunque evitó revelar nombres para no infringir la ley electoral, sostuvo que los implicados ya han sido plenamente identificados y que el Senado entregará las pruebas necesarias para que el tribunal determine si son elegibles o no.
La elección en cuestión forma parte de un proceso inédito en el país, donde más de 3,400 candidatos compiten por 881 cargos dentro del Poder Judicial federal, incluyendo jueces, magistrados y ministros. Los perfiles fueron previamente evaluados por comités técnicos en los que participó el Senado. Fernández Noroña reconoció que los filtros fallaron en algunos casos, aunque descartó sancionar a los integrantes del comité y consideró que aún es posible corregir errores antes de los comicios.
Además del recurso ante el TEPJF, el legislador hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para que analice y retire de oficio las candidaturas que no cumplan con los principios de idoneidad y ética profesional. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la postura del senador, señalando que corresponde al tribunal electoral garantizar que quienes lleguen al Poder Judicial cumplan con lo que exige la Constitución.
Noroña aclaró que los aspirantes señalados no están acusados de delitos, pero han ejercido como defensores legales de narcotraficantes o promovido amparos a su favor, lo que —a su juicio— plantea un conflicto ético. Esta situación ha provocado reacciones divididas, ya que para algunos, el derecho a la defensa no debería ser causal de exclusión, mientras que otros lo ven como un riesgo a la legitimidad de las instituciones judiciales.
El senador también indicó que conversó con Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política, para coordinar la presentación conjunta de las impugnaciones. La intención, sostuvo, es impedir que ingresen al Poder Judicial perfiles que puedan poner en entredicho su independencia o generar sospechas por su historial profesional.
Aunque se trata de solo 20 aspirantes —menos del 1 % del total—, el caso ha generado gran resonancia mediática y pone bajo la lupa el escrutinio ético de quienes aspiran a formar parte de uno de los poderes más sensibles del Estado mexicano. Si el TEPJF avala las impugnaciones, se marcaría un precedente en el sistema de control y vigilancia institucional. De lo contrario, el debate seguirá abierto sobre hasta dónde debe llegar la revisión de antecedentes de quienes, en el futuro, impartirán justicia.
