El gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, trató de ponerle un hasta aquí a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos desde hace una semana, y a sus políticas de deportación masiva.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Petro anunció este fin de semana que desautorizaba la entrada de aviones norteamericanos con migrantes a territorio de Colombia mientras los Estados Unidos siguieran tratando como delincuentes a los migrantes y no establecieran un protocolo de tratamiento digno. También dio a conocer que Colombia ya había rechazado aviones militares que transportaban colombianos deportados y denunció que los indocumentados repatriados venían esposados y en avión militar. Finalmente, informó que sí recibiría aviones civiles, pero no militares, con personas deportadas.
Como era de esperarse, esto desató una reacción enfurecida por parte de Donald Trump y de su Gobierno.
Trump aseguró que las medidas tomadas por Gustavo Petro pusieron en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. En represalias, anunció que impondría para Colombia un arancel del 25 por ciento, y que esta cifra se elevaría al 50 por ciento en una semana. Dio a conocer que revocaría todas las visas y bloquearía los viajes por parte de oficiales del gobierno colombiano, de sus familiares y simpatizantes, y que radicalizaría la persecución migratoria contra los colombianos.
Gustavo Petro respondió asegurando que también impondría un arancel del 50 por ciento. Además, aseguró que los 15 mil 660 estadounidenses establecidos en Colombia de manera irregular, por lo que los exhortó a que se acercaran al servicio migratorio para regularizar su situación.
El asunto escaló tan rápido que Xiomara Castro, presidenta de Honduras y dirigente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, convocó a una reunión urgente para atender el tema. Y es que también el Gobierno de Brasil, encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva, se quejó de las condiciones en que se regresó a los migrantes.
Sin embargo, al parecer las fuerzas diplomáticas de América entraron en acción. Después de esta guerra de tuits, amenazas y declaraciones, los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos llegaron a un acuerdo.
Según la versión difundida por la Cancillería colombiana, se pactó que su Gobierno seguiría recibiendo deportados, siempre y cuando se respeten la dignidad y los derechos de los repatriados. Tanto el embajador de Colombia, Daniel García Peña, como el canciller, Luis Gilberto Murillo, viajaron a Washington para sostener conversaciones de alto nivel con los Estados Unidos.
En un tono muy distinto, la Casa Blanca celebró que Colombia haya aceptado los términos de Donald Trump permitiendo la devolución irrestricta de migrantes indocumentados, por lo que las medidas de represalia quedaron sin efectos. En el comunicado se resaltaba que la solución del conflicto era prueba del respeto que imponen los Estados Unidos producto de las acciones del presidente Trump.