La justicia mexicana finalmente tiene en sus manos a uno de los exgobernadores más controvertidos y buscados de las últimas dos décadas: Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba. Años después de haberse fugado de México y de cumplir una sentencia parcial en Estados Unidos por lavado de dinero, el también exprecandidato presidencial del PRI enfrenta ahora un proceso penal en su país por delitos relacionados con el narcotráfico.
El 21 de abril de 2025, un tribunal federal negó el amparo que Yarrington había promovido con la intención de evitar su reclusión inmediata tras ser entregado por las autoridades estadounidenses. El recurso fue desechado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México, que resolvió que no procedía concederle la suspensión provisional de la orden de aprehensión en su contra.
La defensa del exgobernador argumentaba que su detención no fue legalmente justificada y que existían violaciones procesales. Sin embargo, el tribunal consideró que los delitos que se le imputan ameritan prisión preventiva oficiosa. Con esta resolución, el camino está despejado para que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe con el proceso penal sin impedimentos legales.
Yarrington fue deportado a México el 9 de abril de 2025, tras cumplir de forma anticipada parte de su condena en Estados Unidos. La entrega se concretó en la Garita El Chaparral, en Tijuana, Baja California, donde agentes de la FGR lo recibieron y ejecutaron una orden de aprehensión vigente desde hace más de una década. Posteriormente, fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, también conocido como “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México.
Días después, el 16 de abril, un juez federal con sede en Matamoros dictó auto de formal prisión contra él por el delito de colaboración al fomento para la comisión de delitos contra la salud, en referencia directa a sus presuntos vínculos con organizaciones criminales durante su gobierno en Tamaulipas. También enfrenta acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero.
Las investigaciones señalan que Yarrington habría favorecido las operaciones del Cártel del Golfo y posteriormente de Los Zetas, quienes utilizaron Tamaulipas como corredor estratégico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. A cambio, según la FGR, recibió sobornos millonarios, parte de los cuales fueron triangulados a través de empresas fantasma y prestanombres.
La historia judicial de Yarrington no comenzó en México, sino en Florencia, Italia, donde fue capturado el 9 de abril de 2017 tras permanecer prófugo y usando una identidad falsa. Tras un largo proceso de extradición, fue enviado a Estados Unidos en abril de 2018, donde enfrentó cargos por lavado de dinero, fraude bancario y vínculos con el narcotráfico.
En marzo de 2021, el exgobernador se declaró culpable ante una corte del Distrito Sur de Texas del delito de conspiración para lavar dinero y reconoció haber recibido al menos 3.5 millones de dólares en sobornos durante su mandato como gobernador, los cuales usó para adquirir propiedades en Texas a través de intermediarios.
En marzo de 2023, un juez estadounidense lo condenó a 108 meses de prisión (9 años), aunque en julio de 2024 fue liberado anticipadamente, posiblemente en el marco de acuerdos de cooperación. Como parte de estos acuerdos, fue deportado y entregado a las autoridades mexicanas en abril de este 2025.
