De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los delitos que tienen que ver con violencia familiar aumentaron entre enero y febrero del 2025, pasaron de 19 mil 295 a 20 mil 687.
La Ciudad de México es la entidad con más casos registrados este bimestre con 5 mil 227, le sigue el Estado de México con 4 mil 474, de ahí Guanajuato, Coahuila y Baja California quienes superan los dos mil casos.
En el estado de Hidalgo y colaboración con las autoridades de procuración de justicia y defensoras de derechos humanos se lanzó una herramienta para evaluar el riesgo de violencia familiar, principalmente con enfoque de género.
“Ser un Centro que brinde confianza y acceso a la justicia a las mujeres que viven violencia de género”, dice en la página oficial de esta nueva herramienta. El estado de Hidalgo pasó de tener 128 casos de violencia familia a 609 carpetas de investigación.
Para distintos especialistas que tienen que ver con derechos humanos, destacan que, este incremento se presenta debido a que se está denunciando más de parte de las víctimas.
Rafael Santa Ana Solano, especialista en materia penal familiar, comentó que en una reciente investigación en la que él colaboró, se detectó que sólo el 3 por ciento de los asuntos que llegan a los tribunales de la capital, se obtiene una sentencia absolutoria.
“Lo que vimos es que las carpetas que se judicializan la gran mayoría en un 85 por ciento concluyen en una solución alterna. De tal manera que entonces la pareja cuando ya ve este problema que ha llegado a la parte penal, busca la solución del conflicto porque saben que si se van a juicio oral, la posibilidad de que obtenga sentencia absolutoria ronda estadísticamente en el 3 por ciento solamente”, dijo el también investigador en esta materia.
El experto puso como ejemplo el sistema judicial de Chile, en donde hay trípticos informativos sobre los derechos y garantías de las personas que se encuentren ante un caso de violencia familiar y otros delitos, enfatizó que promover y difundir los derechos humanos es una tarea que se debe reforzar en México.
“Nosotros en un inicio en este sistema lo vivimos, pero, qué sucedió. No sé, se acabaron o se acabó el presupuesto para hacerlos. No los tenemos en nuestra Ciudad y en general en el país, no los tenemos”, dijo Rafael Santa Ana Solano quien expuso que a pesar de eso dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales está la obligación de todos los jueces y magistrados de verificar que tanto imputado como víctima conozcan sus derechos y se tiene que ir verificando cada vez que hay una audiencia.
Con información de Jonathan Padilla
