
La tierra donde crecen los limones sigue marcada por la extorsión. En ranchos de Apatzingán y Charo, productores que cada día cortan la fruta con las primeras luces de la mañana, han vivido años de amenazas, cobros ilegales y miedo. Esta semana, la noticia corrió rápido entre ellos: “Detuvieron al que cobraba las cuotas”.
Se trata de Cirilo Sepúlveda Arellano, “El Capi”, y Servando González Álvarez, identificados como operadores de “Los Viagras”, grupo criminal que durante años ha exigido pagos a productores de limón y empresarios de Michoacán a cambio de “dejar trabajar”.
Ambos fueron capturados en Morelia durante un operativo encabezado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y autoridades estatales. Las detenciones, confirmadas por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se lograron tras semanas de vigilancia y trabajo de inteligencia coordinado con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) y la Subsecretaría de Investigación Especializada de Michoacán.
Quién es “El Capi” y por qué su detención importa
De acuerdo con fuentes federales, Cirilo Sepúlveda, alias “El Capi”, es hermano de “El Botox”, y fungía como segundo al mando del grupo armado “Blancos de Troya”, brazo operativo de “Los Viagras” en Michoacán. Su trabajo no era sembrar limón, sino cobrarlo: exigir cuotas semanales y por tonelada a los productores, decidir quién podía comercializar y quién debía callar para no morir.
“Era el que más miedo nos daba”, comenta un productor de la región, que prefiere no dar su nombre. “Cuando tocaban la puerta, sabías que venían a cobrar, no a comprar”.
Junto a “El Capi” fue detenido Servando González Álvarez, también señalado como parte de la red de cobro de extorsiones. Ambos contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada en Apatzingán, Charo y Morelia.
Tras su detención, los agentes les informaron sus derechos y los trasladaron con un fuerte dispositivo de seguridad para ser puestos a disposición del Ministerio Público.
Un negocio de miedo que no ha parado
La extorsión en Michoacán no es un rumor, es una realidad que ha vaciado ranchos y ha dejado familias rotas. En 2024, la situación llegó a un punto crítico con asesinatos y desplazamientos forzados de familias enteras. El gobierno de Claudia Sheinbaum desplegó en noviembre cerca de mil elementos de la Guardia Nacional y del Ejército para intentar frenar los cobros ilegales.
Por momentos, la operación de “Los Viagras” y aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) disminuyó, pero para julio de 2025, los productores de limón y empresarios de la región siguen reportando amenazas y cobros de cuotas.
“Te piden tanto por cada caja, tanto por cada camión”, explica otro productor. “Si no pagas, no sale tu mercancía, o peor, te matan”.
En Michoacán, donde el limón es una de las principales actividades económicas, la extorsión no solo afecta a quienes producen, sino a toda la cadena: jornaleros, transportistas, empacadores y comerciantes.
La respuesta del gobierno
Tras las detenciones, el secretario García Harfuch informó que estas acciones forman parte de una estrategia para desarticular redes de extorsión que operan en sectores productivos del país. Señaló que el Gabinete de Seguridad ha logrado más de 4,600 detenciones relevantes, incluidas capturas de objetivos prioritarios en coordinación con autoridades estadounidenses.
Las autoridades locales y federales han reforzado patrullajes en las zonas productoras de limón y rutas de transporte, intentando evitar que, tras estas capturas, nuevos operadores ocupen los espacios dejados por “El Capi” y Servando.
Lo que sigue para Michoacán
La detención de dos de los principales extorsionadores en la región de Tierra Caliente envía un mensaje, pero en las huertas de limón, la pregunta sigue viva: ¿podremos cosechar y vender sin miedo?
“Para nosotros esto es un respiro, pero sabemos que no es el final”, comenta un productor, mientras observa los árboles cargados de fruto, listos para la próxima cosecha. “Hoy podemos respirar, pero mañana, quién sabe”.
Las autoridades insisten en que el combate a la extorsión es una prioridad y llaman a los productores a denunciar, aunque muchos temen represalias. En Michoacán, la cosecha sigue, pero la violencia se ha convertido en un costo adicional que las familias pagan en silencio.
Por ahora, “El Capi” y Servando esperan su proceso legal, y los limoneros de Michoacán esperan que esta vez la justicia no se detenga.