Esta tarde, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un presupuesto de 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos para organizar el proceso electoral extraordinario de 2025, en el cual se elegirán jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Este monto ahora debe ser aprobado por el Consejo General del INE antes de ser solicitado oficialmente en el presupuesto del año 2025.
La cifra aprobada tiene como objetivo cubrir los gastos necesarios para llevar a cabo la elección del 1 de junio de 2025, donde se votará por la totalidad de los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Además, se incluirá la elección de las personas que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial, y la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito.
Un proceso electoral extraordinario
El INE destacó, a través de un comunicado, su responsabilidad de prever los proyectos específicos necesarios para organizar este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Esta labor se realiza en conformidad con el Plan Estratégico del INE 2016-2026, y bajo los lineamientos establecidos por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dichos lineamientos aseguran que los recursos públicos se administren de manera eficiente y transparente, con criterios de legalidad, honestidad, racionalidad, y equidad de género.
El presupuesto destinado para estas elecciones es esencial, dado que implica la elección de altos cargos del sistema judicial, lo que requiere un proceso minucioso y bien planificado. La elección abarcará no solo los puestos más altos del sistema judicial mexicano, sino también una reconfiguración importante en otras instancias judiciales, lo que amplía la magnitud y complejidad del proceso.
Contexto político
El proceso de elección de jueces en México ha generado controversias y opiniones divididas. El gobierno de México ha señalado que el sistema judicial actual presenta problemas de corrupción, lo que ha impulsado esta reforma electoral en el Poder Judicial. Mientras que en otros países como Estados Unidos o Suiza, algunos jueces son elegidos de manera indirecta o a nivel local, en México la reforma plantea que los ciudadanos voten directamente por jueces, magistrados y ministros, incluyendo miembros de la Suprema Corte.
Esta propuesta ha sido criticada tanto dentro como fuera de México. Algunos analistas temen que permitir elecciones abiertas para jueces pueda afectar la independencia del Poder Judicial, especialmente si los candidatos son financiados por intereses particulares que buscan influir en futuros fallos judiciales. Asimismo, se han planteado dudas sobre el impacto que podría tener la cantidad de candidatos en las papeletas, ya que potencialmente cientos o miles de personas desconocidas podrían postularse para los diversos cargos judiciales.
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— @INEMexico (@INEMexico) November 1, 2024
¿Cómo serían las elecciones judiciales?
De acuerdo con la reforma propuesta, los candidatos a jueces y magistrados deberán tener un título en derecho y al menos cinco años de experiencia judicial, aunque esta última no ha sido claramente definida. Además, será necesario contar con una carta de recomendación para poder participar en las elecciones. Un comité de expertos seleccionaría las candidaturas, y en algunos casos, los finalistas serían elegidos mediante un sorteo.
Para los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se exigirá una experiencia mínima de diez años, aunque también serán electos por votación popular. Sin embargo, existen muchas incógnitas sobre cómo se desarrollaría este proceso, incluyendo el número de candidatos que aparecerían en las boletas, lo que podría complicar la elección para los ciudadanos.
Otros cambios importantes
La reforma judicial también propone la creación de "jueces sin rostro", quienes se encargarían de llevar casos de crimen organizado para proteger su identidad y evitar represalias. Además, se plantea la creación de un comité disciplinario judicial, el cual estaría facultado para investigar la mala conducta de los jueces y tomar medidas ante sobornos o mal manejo de casos.
Otro aspecto destacado de la reforma es la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9, así como la reducción de los periodos de mandato de 15 a 12 años. Esto busca, según los promotores de la reforma, hacer más eficiente el Poder Judicial y mejorar la rendición de cuentas.
Implementación y desafíos
El proceso de implementación de esta reforma también ha generado debate. Los jueces actuales tendrían la posibilidad de postularse para los nuevos cargos, lo que podría generar un ambiente de competencia interna. Sin embargo, se teme que muchos jueces recién electos carezcan de la experiencia necesaria para enfrentar los desafíos de los tribunales especializados y de apelación, lo que podría ralentizar el funcionamiento del sistema judicial.
Finalmente, cabe mencionar que esta no sería la primera vez que un país intenta elegir jueces mediante votación popular. En Bolivia, un proceso similar fue implementado en 2009, pero terminó siendo suspendido después de que muchos votantes entregaran boletas en blanco, lo que pone en duda la viabilidad de este tipo de reformas en sistemas judiciales complejos.
