Una firma sobre papel y un comunicado sellaron lo que se venía gestando en silencio: la Fiscalía de Estados Unidos en Nueva York retiró los cargos que sostenía en su contra, dejando el camino despejado para que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán formalice su declaración de culpabilidad en Chicago el próximo 9 de julio.
El documento, con fecha del 30 de junio y firmado por el propio Ovidio Guzmán, no deja espacio para dudas: “Deseo declararme culpable del cargo imputado […] en el Distrito Norte de Illinois en el que estoy detenido, y renuncio al juicio en el distrito arriba mencionado”. Es una frase corta, pero que refleja años de persecuciones, un operativo que sacudió Culiacán, una extradición a Estados Unidos y meses de negociaciones silenciosas con las autoridades estadounidenses.
El caso de Ovidio no es menor. Fue señalado por liderar, junto a sus hermanos, la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, una estructura criminal acusada de inundar de fentanilo las calles de Estados Unidos. En Nueva York enfrentaba cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado. Ahora, esos cargos quedan fuera de su expediente como parte de un acuerdo de cooperación que se afina en Chicago, donde enfrenta cinco cargos similares y donde, a cambio de su colaboración, podría evitar la cadena perpetua que mantiene preso de por vida a su padre.
El 9 de julio será la audiencia clave. Ese día, Ovidio Guzmán volverá a la corte del Distrito Norte de Illinois, ya no para negarlo todo como hizo al ser extraditado en septiembre de 2023, sino para aceptar su participación en el tráfico de drogas, lavado de dinero, uso de armas y pertenencia a una organización criminal. Su hermano Joaquín, conocido como “El Güero”, sigue el mismo camino y regresará a la corte días después, el 15 de julio, en un proceso paralelo que también podría derivar en un acuerdo de culpabilidad.
La retirada de cargos en Nueva York no significa que Ovidio esté libre de culpas, sino que Estados Unidos concentra ahora su estrategia judicial en un solo frente: Chicago, donde el acuerdo con Ovidio Guzmán podría permitirle aportar información clave sobre las rutas del fentanilo, las estructuras financieras del cártel y los presuntos nexos con funcionarios corruptos, a cambio de una reducción de condena que podría quedar entre cinco y siete años de prisión.
Este paso legal no se entiende sin recordar cómo comenzó esta historia. El 17 de octubre de 2019, durante el primer intento de captura de Ovidio en Culiacán, el gobierno mexicano se vio superado por la violencia y liberó al capo para evitar un baño de sangre. Fue hasta enero de 2023 cuando, tras un operativo de gran escala en Jesús María, Sinaloa, Ovidio fue finalmente capturado. Desde entonces, el camino hacia su extradición estuvo marcado por amparos, recursos y una batalla legal que culminó el 15 de septiembre de 2023, cuando fue entregado a Estados Unidos.
Desde entonces, Ovidio permaneció bajo custodia federal, alejado de los reflectores, mientras en las cortes se tejía la negociación que hoy se confirma: un acuerdo que lo salvaría de una cadena perpetua, evitaría un juicio con testigos colaboradores y le daría la oportunidad de reescribir su destino, siempre bajo la condición de convertirse en un informante del gobierno estadounidense.
La presidenta Claudia Sheinbaum criticó el doble rasero de Estados Unidos al declarar terroristas a los cárteles mexicanos, pero al mismo tiempo, negociar con sus líderes acuerdos de culpabilidad que les permitan obtener sentencias reducidas a cambio de cooperación. El caso de Ovidio Guzmán no es aislado: otros capos, como Dámaso López Serrano “El Mini Lic”, también han pactado con la justicia estadounidense a cambio de beneficios legales.
Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, está a punto de cerrar un capítulo en la historia de las extradiciones de alto perfil, pero su firma, que formaliza su aceptación de culpabilidad, abre otro: el de su posible cooperación con Estados Unidos y las implicaciones que esto tendrá tanto en el combate al narcotráfico como en la política de seguridad bilateral.
Mientras tanto, El Ratón permanece bajo custodia en territorio estadounidense, en espera de que el próximo 9 de julio, con un “culpable” pronunciado en voz alta, comience la segunda parte de esta historia.
