
El 21 de abril de 2025, la Universidad de Harvard presentó una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts contra varias agencias y funcionarios de la administración Trump, incluyendo los Departamentos de Salud y Servicios Humanos, Educación, Energía y la NASA. La acción legal responde a la congelación de más de 2.200 millones de dólares en subvenciones y contratos federales, tras la negativa de Harvard a cumplir con ciertas exigencias del gobierno.
La administración Trump justificó la congelación de fondos alegando que Harvard no ha abordado adecuadamente el antisemitismo en su campus, especialmente después de protestas pro-palestinas relacionadas con el conflicto en Gaza. Entre las demandas del gobierno se incluían la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión, la supervisión ideológica de estudiantes internacionales y cambios en la estructura de liderazgo de la universidad.
El presidente de Harvard, Alan Garber, calificó las acciones del gobierno como una extralimitación inconstitucional que busca coartar la libertad académica y la autonomía institucional. En una carta dirigida a la comunidad universitaria, Garber afirmó que la universidad no cederá ante presiones políticas que comprometan sus principios fundamentales.
La demanda sostiene que la congelación de fondos es "arbitraria y caprichosa", violando la Primera Enmienda y las disposiciones legales que regulan la distribución de fondos federales a instituciones educativas. Harvard argumenta que el gobierno está utilizando la financiación como una herramienta de coerción para imponer su agenda política en el ámbito académico.