Las imágenes de un político ensangrentado, atacado a balazos en pleno mitin en Bogotá, le han dado la vuelta al mundo y han puesto sobre la mesa, una vez más, la crítica sobre la venta de armas sin restricciones en Estados Unidos y su tráfico ilegal. Trasciende que el arma con la que intentaron cometer el magnicidio fue comprada en el país liderado por Donald Trump.
Miguel Uribe Turbay, senador del partido uribista Centro Democrático y uno de los rostros más visibles de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, recibió tres impactos de bala mientras ofrecía un discurso político ante unas 250 personas en el parque Modelia, en la localidad de Fontibón, este 7 de junio.
En el ataque, ocurrido a plena luz del día, el político fue alcanzado por un disparo en la cabeza y dos más en las extremidades, por lo que fue llevado de emergencia a la Fundación Santa Fe, donde ha sido intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones. Su estado es crítico, con escasa respuesta médica.
El arma utilizada fue una pistola tipo Glock de 9 milímetros, semiautomática y de fabricación austríaca, la cual fue comprada legalmente el 6 de agosto de 2020 en el estado de Arizona, Estados Unidos. Así lo confirmaron las autoridades colombianas en coordinación con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadounidense. Sin embargo, aún se investiga cómo ingresó al país sudamericano y si fue utilizada en crímenes anteriores a este.
El responsable de accionar el arma permanece detenido y ha sido identificado como un adolescente de 14 años, originario del barrio Villas de Alcalá, en Bogotá. Se sabe que vivía con una tía, pues su madre falleció y su padre reside en el extranjero.
Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que el joven habría sido captado por una red criminal vinculada al narcotráfico, pues en su declaración, el menor confesó haber sido contratado por “el hombre de la olla”, presunto jefe de una red de narcomenudeo en su vecindario.
La frase que pronunciaba al ser detenido era, repetidamente: “Fue el man de la olla, yo digo quién fue, déjenme darles los números”. Este hecho fue registrado en video por la Policía y se ha convertido en una de las pistas clave para avanzar hacia los autores intelectuales.
En los minutos previos al ataque, una cámara de seguridad captó al joven cruzando palabras con una mujer adulta vestida de color oscuro con morado. Aunque en redes sociales usuarios la identificaron como posible cómplice, Sandra Beatriz Castillo acudió por voluntad propia ante la Fiscalía en la URI de Usaquén para declarar que el joven únicamente le habría preguntado quién era el orador. Rechazó cualquier vínculo con el agresor, por lo que al momento las autoridades descartaron imputarle algún cargo.
El gobierno colombiano ha ofrecido una recompensa de hasta 3 mil millones de pesos colombianos, aproximadamente 13 millones de pesos mexicanos, por información que permita identificar a los autores intelectuales del atentado. Mientras tanto, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó que al menos 180 agentes de inteligencia, investigadores del CTI, miembros de la Policía Nacional y analistas de la Dirección Nacional de Inteligencia trabajan para esclarecer el caso.
Entre las declaraciones más contundentes tras el ataque, destaca la del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien reconoció que la protección a Uribe fue insuficiente, a pesar de que contaba con un equipo de seguridad conformado por siete guardaespaldas y dos vehículos blindados. Todos fueron burlados por un menor de edad.
En entrevista con medios, Galán también afirmó que en el Consejo de Seguridad le pidió al presidente Gustavo Petro asumir su responsabilidad como jefe de Estado y desescalar la polarización, pues afirmó que “no se puede tratar a los opositores como enemigos públicos”.
Por su parte, la Fiscalía ha informado que el adolescente será imputado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, pero que, dado su perfil y las amenazas recibidas tras la difusión de su identidad, no será ingresado en un centro de detención para menores, sino trasladado a una zona especial dentro del búnker de la Fiscalía, con vigilancia permanente. Podría alcanzar una pena máxima de ocho años de internamiento con fines educativos, según lo dispuesto por la Ley “MIL 98” de Infancia y Adolescencia.
Los investigadores han realizado más de 20 entrevistas y analizado más de mil videos relacionados con el atentado. También se han ejecutado cateos en casas de familiares del menor y se rastrea un teléfono móvil que se le observa en videos, pero que no fue hallado al momento de su detención.
Miguel Uribe Turbay, de 39 años, es hijo de Diana Turbay, periodista asesinada en 1991 durante un fallido operativo de rescate tras su secuestro por orden del narcotraficante Pablo Escobar. Además, es nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala. Su carrera política ha estado marcada por una narrativa de lucha contra las guerrillas, el narcotráfico y la izquierda populista. Fue secretario de Gobierno de Bogotá y actualmente es uno de los precandidatos presidenciales con mayor visibilidad. Apenas en 2022 asumió como senador bajo la bandera del Centro Democrático.
Su esposa, María Claudia Tarazona, ha dicho que es necesario un milagro para que pueda salvarse.
La gravedad del ataque ha sacudido a Colombia, un país que desde hace décadas arrastra el trauma de la violencia política. Desde el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, pasando por el asesinato de candidatos como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro en los años 80 y 90, la historia de Colombia ha estado marcada por atentados contra figuras públicas.
Asimismo, la utilización de menores como sicarios no es nueva. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los grupos armados y redes del narcotráfico cooptan adolescentes a través del consumo de drogas y promesas de dinero fácil, en una práctica que la directora del instituto, Astrid Cáceres, ha calificado como una “forma moderna de esclavitud criminal”.
