En medio de la creciente discusión sobre el consumo de cigarrillos electrónicos en México, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que los llamados vapeadores contienen sustancias tóxicas capaces de provocar daños graves en los pulmones y en el sistema cardiovascular, lo que, en casos severos, puede poner en riesgo la vida de los consumidores.
El legislador difundió un video a través de sus redes sociales en el que sostuvo que el tema “es de salud pública y está directamente relacionado con nuestros jóvenes”, al señalar que la Cámara de Diputados ya aprobó la prohibición de estos dispositivos, y que ahora corresponde al Senado impulsar la ley secundaria que formalice la restricción a partir del próximo periodo ordinario de sesiones.
“Ya existe la prohibición constitucional; sin embargo, nos ha faltado desarrollar la ley secundaria que quedó pendiente en el periodo extraordinario. Lo haremos en septiembre para proteger a nuestras juventudes. No podemos permitir que se estén envenenando con cigarrillos electrónicos”, afirmó Monreal en su mensaje.
El senador detalló que las evidencias científicas recopiladas por autoridades sanitarias, incluida la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), señalan la presencia de compuestos como formaldehído, acetaldehído, propilenglicol y glicerina en los aerosoles emitidos por estos dispositivos, todos con potencial cancerígeno cuando son calentados.
La postura oficial ha generado apoyo, pero también una ola de cuestionamientos desde la comunidad científica y de usuarios especializados, quienes consideran que la medida podría resultar contraproducente si se opta por una prohibición absoluta sin regulación diferenciada.
En respuesta a Monreal, un especialista identificado como usuario informado y sin conflicto de interés publicó una carta abierta en la que reconoció la necesidad de proteger a la juventud, pero advirtió que la comparación del vapeo con drogas de alto riesgo como el fentanilo es imprecisa. “El fentanilo es un opioide sintético de altísima letalidad, mientras que la nicotina y los aerosoles de vapeo tienen un perfil de riesgo distinto: no generan estados alterados de conciencia ni conllevan el mismo potencial de sobredosis”, señaló.
El experto también cuestionó la base científica de algunos estudios citados en el debate. Recordó que una investigación publicada recientemente en la revista IJERPH (MDPI) fue rebatida por académicos de la UNAM y especialistas internacionales, quienes denunciaron errores metodológicos y fallas analíticas que podrían invalidar sus conclusiones. “Confiar en la identificación de un software sin validación con estándares es un error básico en química analítica”, advirtió.
Otro de los puntos polémicos es el caso EVALI (lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos), reportado en Estados Unidos en 2019. El especialista recordó que, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la mayoría de los casos estuvo relacionada con cartuchos adulterados de THC que contenían acetato de vitamina E, no con productos de nicotina regulados. Incluso, en Reino Unido se ha propuesto cambiar el nombre de esta condición para evitar confusiones, dado que se comercializan más de 40 mil productos de vapeo bajo estricta supervisión.
En el mismo documento, el usuario destacó que, aunque el vapeo no es inocuo, diversos estudios estiman que su riesgo de cáncer es aproximadamente 0.5% respecto al tabaco tradicional, al eliminar el monóxido de carbono, el alquitrán y miles de compuestos derivados de la combustión. “Negar el acceso a alternativas con un perfil de daño reducido podría empujar a los fumadores a mantenerse en el tabaco convencional, que mata a más de 60 mil mexicanos al año”, subrayó.
El debate también se ha centrado en el impacto de una prohibición total. Quienes cuestionan la iniciativa advierten que, lejos de reducir el consumo, la medida podría fortalecer un mercado negro sin controles sanitarios, similar al que provocó la crisis de EVALI. “El cierre de tiendas especializadas eliminó uno de los principales filtros para controlar el acceso de menores, al dejar el suministro en manos del comercio informal y sin vigilancia”, señalaron.
