La plataforma digital de servicios financieros, encabezada por Sergio y Gonzalo Loredo Foyo, es señalada de defraudar a cientos de inversionistas; las víctimas acusan que han perdido más de mil millones de pesos mientras las autoridades no actúan.
A pesar de que el Gobierno federal prometió una investigación, la empresa de servicios financieros digitales Alquimia Pay continúa en operaciones y es acusada de defraudar a cientos de inversionistas con un quebranto que, según las denuncias, rebasa los mil millones de pesos. La firma sigue siendo dirigida por los hermanos Sergio y Gonzalo Loredo Foyo.
Decenas de afectados se han reunido en distintas ocasiones frente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Con documentos, pancartas y mantas, han exigido una sola cosa: que la compañía les devuelva el dinero que, aseguran, les fue arrebatado bajo el argumento de un supuesto hackeo.
Entre los afectados se encuentran empresarios, profesionistas e incluso figuras públicas. Muchos perdieron todo su patrimonio. “La mayoría destinó sus ahorros de toda la vida, el único capital con el que contaban para vivir dignamente en el retiro”, relató el abogado Raúl García, representante legal de varias víctimas.
El caso expuso un esquema complejo de triangulación financiera. De acuerdo con documentos y testimonios recabados, el dinero de los clientes salía de las cuentas de Alquimia Pay hacia otras empresas controladas por los mismos hermanos Loredo Foyo, entre ellas Rami Estrategias, Punto Fintech, ByteLoan FX y Sofom Waer. Posteriormente, los recursos eran canalizados a compañías fachada y proyectos privados, dejando a los inversionistas sin acceso a sus fondos.
Entre los beneficiarios documentados aparecen Grupo Trazzo, con un fideicomiso de 150 millones de pesos; la empresa Ortalizas, con un adeudo de 50 millones; y Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., que recibió un préstamo de más de 425 millones. Todas estas operaciones, señalan los denunciantes, se autorizaron directamente por los Loredo Foyo.
Las víctimas aseguran que, tras la desaparición de su dinero, recibieron explicaciones contradictorias. Algunos fueron informados de un supuesto hackeo; otros, de haber caído en esquemas de phishing. En ninguno de los casos se les presentó evidencia. Solo comunicados sin sustento.
La indignación ha crecido porque, pese a las denuncias, las autoridades no han detenido las operaciones. Ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni la Condusef, ni la Unidad de Inteligencia Financiera han emitido sanciones. Incluso después de que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó en diciembre a la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional investigar el caso, no hay resultados visibles. Ocho meses después, Alquimia Pay sigue funcionando amparada bajo la Ley Fintech, cuyo plazo transitorio ya venció.
Los denunciantes también acusan prácticas que califican como una “mordaza legal”. Se trata de convenios de confidencialidad enviados por los Loredo Foyo a los inversionistas: si los firman, no pueden hablar del caso ni demandar, y enfrentan la amenaza de ser contrademandados. A cambio, se les promete un plan de pagos parciales que, aseguran, nunca se cumple.
A este historial se suma un antecedente: el caso VisitMéxico. En 2020, Sergio Loredo fue denunciado por su entonces socio Marcos Acha por presuntas extorsiones al Gobierno federal, tras el bloqueo del sitio oficial de turismo. Hoy, las mismas prácticas se repiten a través de supuestos prestanombres como Manuel Gonzalo Araujo Cabarcas, de origen colombiano, y el venezolano Mauricio Villasmil, además de una red de compañías fachada que siguen moviendo recursos.
Algunos testimonios recientes señalan que Sergio Loredo habría abandonado el país, mientras la plataforma mantiene operaciones mediante oficinas virtuales y mensajes de confianza. “Cada día que pasa sentimos que el fraude se hunde más, mientras las autoridades miran hacia otro lado”, lamentó uno de los inversionistas afectados.
La pregunta que se repite en cada manifestación es la misma: ¿cómo es posible que, con tantas pruebas y con órdenes presidenciales, Alquimia Pay continúe operando con total impunidad?
