En un contexto de creciente polarización respecto al impacto social de los narcocorridos —canciones que retratan y, en ocasiones, glorifican las actividades del crimen organizado—, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha manifestado de manera categórica que su administración no contempla implementar medidas restrictivas ni de prohibición para evitar que se interpreten o difunda este tipo de música.
Durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal reafirmó su rechazo a la censura como medida de combate. “Para eso está la educación, el deporte, la cultura; para eso está todo eso”, declaró, al subrayar que el combate a la narcocultura debe orientarse desde el fortalecimiento del tejido social, y no a partir de la imposición de sanciones.
Desde su perspectiva, la música, en particular el corrido como expresión tradicional del norte de México, refleja circunstancias sociales y contextos históricos específicos, por lo que su regulación no debe confundirse con el castigo a los síntomas de una problemática estructural más profunda.
Las declaraciones del gobernador Rocha Moya se producen en un momento en que otros gobiernos estatales han emprendido acciones legales para frenar la interpretación de narcocorridos en eventos públicos, argumentando que estas piezas musicales constituyen una forma de apología del delito.
Uno de los casos más recientes y mediáticos ocurrió en Guadalajara, Jalisco, donde, durante un concierto de la agrupación Los Alegres del Barranco, se proyectaron imágenes del presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Ante la polémica, el gobierno estatal suspendió el evento y abrió una investigación penal, mientras que el gobernador Pablo Lemus anunció que no se permitirá la realización de espectáculos que enaltezcan a figuras del crimen organizado.
A nivel federal, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha expresado una postura intermedia: si bien rechazó la censura como mecanismo de control, consideró indispensable generar conciencia social sobre los efectos nocivos de glorificar la violencia a través de productos culturales. “No se trata de prohibir, sino de entender qué tipo de sociedad queremos construir”, puntualizó.
De acuerdo con reportes recientes, al menos diez entidades federativas han implementado mecanismos legales o administrativos para restringir la ejecución de narcocorridos en eventos públicos. Entre ellas se encuentran:
-Aguascalientes: Donde se establecen sanciones económicas y penas de hasta un año de prisión por interpretar canciones que promuevan el delito.
-Michoacán: Cuya legislación prohíbe este tipo de contenido en palenques y ferias regionales.
-Baja California: Particularmente en el municipio de Tijuana, que impone fuertes multas económicas.
-Chihuahua: Que desde 2015 sanciona estas expresiones musicales en espacios públicos.
-Quintana Roo: Donde se han cancelado presentaciones de artistas vinculados a la narcocultura.
La lista se extiende a Jalisco, Querétaro, Nayarit, Guanajuato y municipios del Estado de México, mismos que han optado por líneas de acción restrictivas en esta materia.
