“A mí me la pasaron como si fuera una empresa de seguridad, pero me estafaron” fue la declaración que hizo Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social de Chihuahua, sobre la acusación que lo señaló como socio de una empresa ligada al Cártel de Sinaloa.
En días pasados, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones a una decena de ciudadanos mexicanos y a dos empresas, debido a que se dedicaban a lavar dinero de procedencia ilícita proveniente de las actividades delictivas del Cártel de Sinaloa. Esta red de lavado además se dedicaba al tráfico de fentanilo y al uso de criptomonedas para limpiar las ganancias del crimen organizado.
La autoridad estadounidense señaló a dos entidades como parte de esta red, que presuntamente apoyaron financieramente las operaciones del grupo delictivo. Se trata del restaurante Gorditas Chiwas y de la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., de la cual Fernández Acosta fue identificado como socio.
De acuerdo con la investigación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, Mamba Negra era operada por el empresario Alfredo Orozco Romero, quien se desempeñaba como asesor de Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como el principal operador de la red que se dedicaba a lavar dinero para el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con datos del Registro Público de Comercio, el funcionario público de Chihuahua se integró como socio de Mamba Negra en febrero de 2022, después de que Orozco Beltrán transfirió parte de las acciones de la empresa a él y a Liliana Orozco Romero, otra de las personas sancionadas por la OFAC.
En los registros de la organización hay inconsistencias sobre cuánto era el porcentaje de acciones del subsecretario en la empresa; sin embargo, en el documento más reciente de 2022 se le atribuyó el 19%. Este movimiento interno colocó a Fernández Acosta como presidente del Consejo de Gerentes de Mamba Negra. En este cargo el funcionario tenía la facultad de administrar y dirigir todas las operaciones del negocio.
Tras ser expuesta la sociedad de Fernández Acosta con la empresa ligada al Cártel de Sinaloa, el funcionario aseguró que él no tenía conocimiento de las acciones ilícitas de la organización, ya que se le había informado que era una empresa de seguridad y se dijo “estafado”, aunque no explicó cómo sucedió dicho fraude.
La única explicación que el funcionario brindó fue que, en años pasados, conoció a Orozco Romero y que él le ofreció participar en la empresa de seguridad que ya estaba constituida. Fernández Acosta mencionó que aceptó fungir como representante legal sin tener conocimiento de los vínculos de la organización con el crimen organizado.
Por otro lado, el funcionario público afirmó que intentó llevar a cabo un proceso para darse de baja de la empresa mediante un trámite notarial; sin embargo, no le fue posible debido a que se requería la presencia de todos los socios para poder concretarlo. Además, señaló que no conocía a Liliana Orozco y que no tenía conocimiento sobre si aún figura oficialmente como parte de Mamba Negra ante el Registro Público de Comercio.
Esta no es la única organización en la que Fernández Acosta ha participado, pues se tiene registro de al menos otras cuatro: Seguridad Privada Quac, Iksa Servicios de Seguridad Privada y Limpieza, Renta de Vehículos Fervillan y Huevos y Aves Acosta.
La situación del subsecretario ocurre en un momento de grave tensión para Chihuahua, ya que la gobernadora Maru Campos fue citada a comparecer ante la Fiscalía General de la República por el caso en el que se le acusó de presuntamente permitir una intervención extranjera en un operativo realizado en la Sierra Pinal.
