La alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quedó sin posibilidad de ser sancionada por haberse negado a entregar información sobre el ejercicio de 898.6 millones de pesos en recursos federales a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE), luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que dicho órgano estatal carecía de facultades constitucionales para fiscalizar esos recursos.
La resolución fue aprobada por el Pleno de la SCJN al resolver la Controversia Constitucional 174/2025, promovida por el municipio de Acapulco, en la que se impugnó la actuación de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero respecto a la revisión de recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), incluidos en la Cuenta Pública 2023. La Corte concluyó que la fiscalización de recursos federales transferidos a los municipios corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), conforme a los artículos 74 y 79 de la Constitución.
El conflicto surgió cuando la Auditoría Superior del Estado inició un procedimiento de fiscalización sobre el destino de 898.6 millones de pesos ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco y posteriormente requirió documentación para comprobar el uso de esos recursos. El gobierno municipal, encabezado entonces por Abelina López Rodríguez, se negó a entregar la información argumentando que la autoridad estatal no tenía competencia para revisar recursos de origen federal, por lo que presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte.
Con la resolución, el máximo tribunal invalidó tanto el Informe Individual de Auditoría elaborado por la Auditoría Superior del Estado como el oficio mediante el cual se exigía al municipio la entrega de información relacionada con esos recursos federales. Al quedar anulados esos actos, también desaparece la base jurídica para imponer cualquier sanción derivada de la negativa de la alcaldesa a proporcionar la documentación solicitada.
Durante la discusión, los ministros dejaron claro que el asunto no versa sobre el destino de los recursos ni sobre la existencia o inexistencia de irregularidades en su manejo, sino sobre la autoridad legalmente facultada para auditarlos. La Corte sostuvo que las entidades de fiscalización superior de los estados pueden revisar recursos estatales o municipales propios e incluso colaborar con la Auditoría Superior de la Federación, pero no sustituir las facultades exclusivas que la Constitución reserva al órgano federal respecto de las aportaciones federales.
La SCJN también enfatizó que la resolución no representa una exoneración sobre el manejo de los casi 900 millones de pesos ni impide que esos recursos sean revisados. Por el contrario, precisó que la Auditoría Superior de la Federación mantiene intactas sus atribuciones para fiscalizar el ejercicio del FAISMUN, realizar auditorías, requerir información, promover responsabilidades administrativas o presentar denuncias si encuentra irregularidades. En otras palabras, la investigación sobre el destino de los recursos puede continuar, pero únicamente por la vía federal.
El proyecto fue elaborado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, quien retomó criterios constitucionales previamente establecidos sobre la distribución de competencias en materia de fiscalización de recursos federales. La decisión fortalece el criterio de que las auditorías estatales no pueden intervenir directamente en la revisión de fondos federales ejercidos por municipios, salvo en los casos de colaboración previstos por la ley y bajo los mecanismos establecidos con la ASF.
La resolución representa un triunfo jurídico para Abelina López Rodríguez, quien enfrentaba la posibilidad de ser sancionada por no entregar la información solicitada por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. Sin embargo, el fallo no constituye una validación del ejercicio de los recursos ni cierra definitivamente el caso, ya que la Auditoría Superior de la Federación conserva la facultad de revisar el destino de los 898.6 millones de pesos correspondientes a la Cuenta Pública 2023 y, en su caso, iniciar los procedimientos que resulten procedentes conforme a la legislación federal.
