Miguel Cortés Miranda, conocido públicamente como el presunto feminicida serial de Iztacalco, falleció el pasado domingo 13 de abril al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. De acuerdo con información oficial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el imputado sufrió una caída dentro de su celda, lo que derivó en una contusión y un posterior paro cardiorrespiratorio. Aunque fue trasladado de emergencia al Hospital General de Iztapalapa, se confirmó su muerte poco después de su ingreso.
La muerte de Cortés ocurrió el mismo día en que se tenía programada una audiencia de vinculación a proceso por dos de los casos de feminicidio que se le imputaban. La Fiscalía capitalina ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer con precisión las circunstancias de su fallecimiento.
Miguel Cortés, de 40 años, era químico bacteriólogo parasitólogo egresado del Instituto Politécnico Nacional y había trabajado en diversos laboratorios de la capital. Su detención se llevó a cabo en abril de 2024, tras el feminicidio de María José Castillo, una joven de 17 años; y el intento de asesinato de su madre, Casandra Calles, en la colonia La Cruz Coyuya, alcaldía Iztacalco. La rápida intervención de vecinos y autoridades permitió su captura en flagrancia, lo que dio inicio a una investigación que pronto reveló una cadena de crímenes aún más extensa.
Durante la revisión de su domicilio, peritos localizaron restos humanos, identificaciones de mujeres desaparecidas, libretas con anotaciones, herramientas quirúrgicas y químicos, lo que apuntó a un patrón de conducta criminal meticuloso y prolongado. La Fiscalía lo relacionó con al menos siete casos de feminicidio, así como con múltiples intentos de asesinato, algunos de ellos cometidos desde 2012. Las víctimas, según las pesquisas, eran principalmente mujeres jóvenes con las que mantenía algún tipo de vínculo, incluyendo compañeras de trabajo, estudiantes y trabajadoras sexuales.
Su perfil llamó la atención por la aparente dualidad entre su vida pública y privada: se presentaba como activista en defensa de los animales y de causas sociales, mientras ocultaba una vida secreta ligada a crímenes de extrema violencia. Las autoridades también consideraban que utilizaba sus conocimientos en química para facilitar la comisión de los asesinatos y manipular evidencia biológica.
La noticia de su fallecimiento ha provocado reacciones encontradas entre los familiares de las víctimas, quienes han exigido claridad en torno a su muerte, solicitando estudios periciales independientes. Algunos otros manifiestan desconfianza y consideran que el deceso evita que se haga justicia de manera formal y completa en todos los casos relacionados.
La Fiscalía de la Ciudad de México, que había calificado el caso como uno de los más complejos y atroces en la historia reciente de la capital, reiteró su compromiso con las víctimas y sus familias, aunque la muerte del imputado impide la continuidad del proceso penal. Con ello, queda trunca la posibilidad de una sentencia definitiva, aunque no la de seguir esclareciendo los hechos.
