Este jueves entraron en vigor las nuevas modificaciones de la Ley de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México.
La llamada Ley Chancla promueve prohibiciones para los padres de familia o tutores como los castigos corporales a humillantes para los menores.
Por ello queda prohibido cualquier castigo corporal o maltrató físico como golpes, empujones, pellizcos, mordidas, jalones de cabello u orejas o cualquier acto que resulte agresivo contra los menores.
También se señala que queda prohibido pedirle a algún niño que adopte cierta postura, ponerle las manos al fuego o tomar agua caliente.
También queda prohibido cualquier acto que humille o ridiculice a un menor, esto incluye palabras ofensivas, denigrantes, estigmatizante, menosprecio o que desvaloricen al niños y adolescentes.
Esta nueva reforma también aplica sanciones a las personas que usen a los menores para participar en delitos, conflictos armados o cualquier actividad que impida su desarrollo integral.
De acuerdo con la diputada Polimnia Sierra en el país seis de cada 10 niños son castigados con violencia física y humillaciones dentro de sus hogares.
“Las niñas y los niños maltratados, abandonados, tienden a ser mayormente agresivos con sus familiares más cercanos y compañeros de escuela, lo que años después deriva en violencia hacia la novia, la esposa, la pareja, etcétera”, expuso la diputada Sierra Bárcena.
La legisladores también indicó que en el 2020 más de 11 mil mejores fueron ingresados a hospitales por lesiones que sufrieron en sus hogares, mismas que fueron realizadas por sus padres o tutores.
Estos actos de violencia generan problemas en la salud mental de los niños y niñas como ansiedad, soledad y depresión que los pueden encaminar a las adiciones o a desarrollar violencia.
“El castigo y las humillaciones generan un círculo de violencia que debe de parar, con la contribución de los progenitores o responsables de niñas, niños, adolescentes, la sociedad y el Estado. No se trata de criminalizar a madres, padres o tutores, se trata de hacer explícita la obligación de las autoridades para tomar las medidas necesarias para prevenir, atender e investigar estos castigos, para lo cual requerirán la generación de estrategias y acciones puntuales”, dijo la diputada.
La diputada también expuso que en 2021 mil 900 menores fueron asesinados.
Esta ley ya ha sido aprobada en otros estados como Estado de México, Oaxaca, Tamaulipas y Jalisco.
