Diagnosticada con insuficiencia renal crónica y lupus, Samara Martínez ha dedicado los últimos tres años a promover la Ley Trasciende, una iniciativa que busca legalizar la eutanasia en México. Desde Chihuahua, estado en el que reside actualmente, esta joven activista ha convertido su experiencia personal en una causa nacional.
Originaria de Guadalajara, Samara recibió su primer diagnóstico médico relevante a los 16 años: hipertensión y dislipidemia mixta. Durante años, atribuyó estos padecimientos a una condición subyacente. Sin embargo, fue hasta los 22 cuando, tras someterse a estudios de rutina, un nefrólogo le reveló que su función renal había caído al 23 %.
Desde entonces, su calidad de vida se ha visto severamente afectada, situación que la motivó a alzar la voz en favor del derecho a una muerte digna. A través de la Ley Trasciende, busca abrir el debate legislativo sobre la eutanasia, una práctica que continúa prohibida en el país.
Según las investigadoras Norma Araceli Bobadilla Sandoval y Elizabeth Hernández Castro, del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBO), alrededor del 12 % de la población mexicana —alrededor de 13 millones de personas— vive con algún grado de enfermedad renal crónica sin saberlo. Esto se debe a que, en sus primeras etapas, la enfermedad no presenta síntomas evidentes. Es hasta que aparece inflamación y otras complicaciones, cuando los pacientes suelen recibir un diagnóstico y tratamiento.
De acuerdo con analistas, la propuesta impulsada por Samara no solo refleja una lucha personal, sino también la urgencia de abrir discusiones éticas, médicas y legales sobre el derecho a decidir sobre la propia vida frente a enfermedades crónicas, degenerativas y sin cura.
