En el trasfondo del Día Mundial del Agua, un llamado resuena alto y claro en el panorama legislativo mexicano. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha hecho un ferviente llamado al Congreso para que honre su compromiso con el artículo tercero transitorio del decreto que integra el derecho al acceso al agua y al saneamiento. Esta proclamación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012, espera ser respaldada por una Ley General correspondiente.
En un comunicado enérgico, la CNDH, como guardiana de los derechos del pueblo mexicano, subraya su papel en la protección y salvaguarda de los recursos hídricos nacionales. Reconoce que estos recursos son la piedra angular del bienestar y el desarrollo que garantiza el cumplimiento de una amplia gama de derechos humanos.
Sin embargo, más allá de las declaraciones y los decretos, la realidad cotidiana pone de manifiesto una situación alarmante: se estima que aproximadamente la mitad de la población mexicana no recibe agua en sus hogares a diario. Esta carencia no es solo un inconveniente, sino una crisis que afecta directamente a entre 12 y 15 millones de personas en el país.
El reconocimiento formal del derecho al agua y al saneamiento es un paso crucial, pero es solo el primer paso. La emisión de una Ley General que respalde estos derechos es esencial, especialmente en un momento en que el mundo enfrenta una crisis global del agua. Esta crisis está marcada por la desigualdad, la pobreza y la violencia que sufren muchas comunidades y pueblos, así como por la intensificación de actividades como la minería, la industria y la agricultura.
Estas actividades, con sus enormes demandas de agua, amenazan la gestión sostenible y equitativa de este recurso vital. La situación se agrava aún más cuando consideramos las sequías focalizadas que azotan a algunos municipios del país, exacerbando la escasez de agua y afectando a los más vulnerables de manera desproporcionada.
El acceso al agua no es solo una cuestión de comodidad, sino un imperativo de justicia social y dignidad humana. Las comunidades que carecen de acceso al agua enfrentan una serie de desafíos que van desde la salud pública hasta la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. La falta de agua potable no solo pone en riesgo la vida de las personas, sino que también limita su capacidad para prosperar y alcanzar su máximo potencial.
Es en este contexto que el llamado de la CNDH adquiere una importancia crucial. Insta al Congreso a cumplir con su deber de proteger los derechos fundamentales de todos los mexicanos, incluido el derecho al agua. La promulgación de una Ley General sobre este tema no solo sería un paso en la dirección correcta, sino un compromiso con el bienestar y la dignidad de todos los ciudadanos.
Es hora de que el acceso al agua deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho universalmente reconocido y protegido. El futuro de México y de su gente depende de ello. Es responsabilidad de todos trabajar juntos para garantizar que este derecho fundamental se cumpla para cada persona, en cada rincón del país.
