La situación de las mujeres privadas de la libertad en México ha encendido alarmas internacionales por denuncias de discriminación, encarcelamientos prolongados sin sentencia y graves violaciones a derechos humanos. Un reciente pronunciamiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas advierte que las condiciones en diversos centros penitenciarios reflejan un problema estructural que afecta de manera particular a las mujeres.
El dictamen, adoptado en febrero de 2026, analiza el caso de varias internas que denunciaron haber permanecido durante años en prisión bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa, es decir, encarceladas automáticamente mientras esperan juicio. Para el comité, esta práctica puede convertirse en una “pena anticipada” que vulnera la presunción de inocencia y tiene un impacto desproporcionado en mujeres que muchas veces provienen de contextos de pobreza, violencia o marginación.
Entre las situaciones documentadas se encuentran largos periodos de encierro sin sentencia, reclusión lejos de sus lugares de origen, dificultad para mantener contacto con sus hijos y familias, así como deficiencias en la atención médica, especialmente en áreas de salud ginecológica y mental.
Uno de los centros que ha concentrado mayor atención es el CEFERESO No. 16 CPS Femenil Morelos. De acuerdo con reportes recientes, al menos 222 mujeres en ese penal han esperado más de nueve años para recibir una sentencia, muchas de ellas bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, lo que evidencia el impacto prolongado de esta medida en la vida de las internas.
Uno de los casos que ha marcado el debate es el de María Luisa Acosta, una mujer que pasó 25 años en prisión tras ser acusada de secuestro. Organizaciones defensoras de derechos humanos documentaron que fue torturada y obligada a declararse culpable, pese a que posteriormente se comprobó que su confesión había sido obtenida bajo coerción. Su historia se ha convertido en un símbolo de los errores y abusos que pueden ocurrir dentro del sistema de justicia penal.
Expertas y organismos internacionales advierten que muchas mujeres encarceladas enfrentan procesos judiciales marcados por estereotipos de género, falta de defensa adecuada y escasa consideración de sus circunstancias personales, como ser madres o cuidadoras.
Ante este panorama, el comité de la ONU pidió al Estado mexicano revisar los casos de mujeres que permanecen en prisión preventiva, garantizar atención médica especializada y facilitar el contacto con sus familias. Además, instó a modificar las disposiciones legales que permiten la aplicación automática de la prisión preventiva.
El organismo también solicitó que México informe en un plazo de seis meses qué medidas tomará para atender estas recomendaciones, en un intento por frenar un problema que, según especialistas, refleja la discriminación que aún enfrentan muchas mujeres dentro del sistema penitenciario.
