El robo de vehículos en la Ciudad de México continúa como uno de los delitos que más impactan la percepción de seguridad. Aunque las cifras oficiales muestran una baja reciente, el fenómeno mantiene presión social y ha abierto un debate paralelo: la creciente idea de que algunos ciudadanos optan por defenderse por cuenta propia.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre octubre de 2024 y febrero de 2025 el robo de vehículos —con y sin violencia— disminuyó 17 %, al pasar de 598 a 496 casos mensuales. La información, presentada junto con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), forma parte del seguimiento a delitos de alto impacto.
En 2025 la Fiscalía ejecutó al menos 20 cateos dentro de la “Operación Cazador”, logrando asegurar mil 863 toneladas de autopartes vinculadas con desmantelamiento ilegal. En coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, también recuperó vehículos robados y realizó detenciones. Además, entre enero y abril se devolvieron gratuitamente 2 446 vehículos y motocicletas a sus propietarios, tras más de 5 600 llamadas de localización.
Pese a estos resultados, el debate público ha girado hacia otro punto: la desconfianza en las instituciones y la tentación de la llamada “justicia por propia mano”. Análisis publicados en medios nacionales advierten que cuando sectores de la población perciben impunidad o ineficacia, pueden optar por la autodefensa, incluso armada, como mecanismo de protección. Este fenómeno, lejos de ser una solución estructural, refleja tensiones entre percepción y realidad estadística.
Si bien la legítima defensa está contemplada en la ley mexicana bajo supuestos estrictos, la portación y uso de armas por civiles está regulada y puede implicar consecuencias penales. Especialistas coinciden en que fortalecer la confianza institucional y mejorar la denuncia resulta clave para evitar que la inseguridad derive en una espiral de violencia social.
