Al expresar su preocupación por la reducción de prácticamente cincuenta por ciento del presupuesto del programa “Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos”, así como por los cambios planteados a su diseño operativo, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) resolvió en su sesión ordinaria exhortar respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar a reconsiderar con urgencia las decisiones asumidas, para garantizar los derechos de las niñas, niños, madres y padres trabajadores, así como a no incentivar estereotipos acerca de los roles de las personas mayores, particularmente de las mujeres.
Este Cuerpo Colegiado llama a las autoridades responsables del financiamiento de ese programa y a las encargadas de su operación a observar el interés superior de la niñez y a sujetar sus decisiones a los mandatos constitucionales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Recomendación General número 19 del Comité de los Derechos del Niño sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como aquellas disposiciones constitucionales y legales que procuran igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y pretenden fortalecer la inclusión social efectiva de las personas mayores. Cualquier modelo de atención a niñas y niños que se adopte, necesariamente debe cumplir con esas premisas y la indispensable participación de la sociedad civil.
En su Pronunciamiento ante la reducción presupuestal y las modificaciones operativas propuestas al programa de estancias infantiles, el Consejo Consultivo de la CNDH sostiene que alegar presuntos actos de corrupción e irregularidades o problemas administrativos no exime a las autoridades de cumplir sus obligaciones, ni justifica el que se deje de lado el respeto de los derechos humanos.
Si en el pasado se cometió algún ilícito, debe investigarse y sancionarse a los responsables. Si el marco normativo dificulta la operación administrativa de programas o instituciones, debe actuarse con responsabilidad, promover las adecuaciones conducentes, sin dejar de cumplir con las obligaciones contraídas y, en todo caso, realizar las denuncias que correspondan.
Afirma que la eventual cancelación de estancias infantiles pone en riesgo el cumplimiento efectivo de los derechos de este grupo poblacional, al tiempo que coloca a sus madres y padres en situación de vulnerabilidad, que podría aumentar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, pues ante la falta de opciones de cuidados, viables y accesibles, para sus hijas e hijos, pondría a mujeres trabajadoras en la disyuntiva de renunciar a su empleo para asumir directamente su cuidado, en detrimento de sus derechos a la igualdad sustantiva, acceso al empleo y a la independencia económica.
La falta de acceso a esas instalaciones expondría a niñas y niños a situaciones de riesgo para su integridad, seguridad y posibilidades de desarrollo, en tanto madres y padres trabajadores tendrían que buscar soluciones alternas para el cuidado de sus hijas e hijos, lo cual les impondría cargas económicas adicionales y podría implicar que se vieran forzados a dejarlos al cuidado de personas sin la debida preparación para tal efecto, en particular en lo que hace al desarrollo infantil temprano, y en instalaciones que no cuenten con la infraestructura indispensable para ello.
Asimismo, el cambio en la operación de este programa, en el que se sustituye la prestación de un servicio por la entrega de un apoyo económico, no necesariamente significará el uso de los recursos para fines del cuidado de niñas y niños, pues considerando los altos índices de pobreza y vulnerabilidad social, es probable que los apoyos que eventualmente se entreguen sean destinados a cubrir otras necesidades básicas de las familias y no a garantizar los derechos de la niñez.
