La frase fue corta, tajante y con una carga simbólica fuerte. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió así el jueves 25 de julio a las críticas lanzadas por Jeffrey Lichtman, abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán, y zanjó públicamente cualquier posibilidad de entablar comunicación con los representantes legales del crimen organizado.
Desde la conferencia matutina, la mandataria rompió todo canal con el reconocido abogado estadounidense y, de paso, marcó límites claros en la relación con el gobierno de Estados Unidos: México no dejará de exigir explicaciones ni de insistir en la extradición de Ismael “El Mayo” Zambada, presunto líder del Cártel de Sinaloa, cuya captura en territorio estadounidense sigue envuelta en opacidad.
Las críticas de Lichtman y la respuesta presidencial
La confrontación se desató luego de que Lichtman, conocido por haber defendido también a Joaquín “El Chapo” Guzmán, acusara a las autoridades mexicanas de actuar con hipocresía. En una publicación en redes sociales, afirmó:
“Durante 50 años no tuvieron ningún interés en llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no pueden dejar de pedir su regreso”.
Sheinbaum no tardó en responder. En su conferencia dijo con firmeza que no dialogará ni negociará con abogados que representan a líderes criminales, y que su gobierno mantiene una exigencia clara: Estados Unidos debe informar con precisión cómo ocurrió la detención de Zambada y atender la solicitud formal de extradición presentada por México desde hace meses.
“Depende del gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo (…) siempre buscando la confianza mutua, sin injerencismo ni subordinación”, declaró.
La sombra de la captura secreta
Un año después de que se reportara la supuesta detención de Ismael Zambada en Estados Unidos —presuntamente tras un secuestro orquestado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”— no hay confirmación oficial ni del operativo ni de su situación jurídica. El gobierno estadounidense ha mantenido el caso bajo reserva.
En cambio, del lado mexicano, la presión se ha incrementado. Sheinbaum y su gabinete de seguridad han reiterado públicamente que Zambada debe ser juzgado también en México por los múltiples delitos cometidos en territorio nacional. Pero hasta ahora, Washington no ha dado respuesta clara.
La figura de Lichtman y la pugna diplomática
Jeffrey Lichtman se ha convertido en uno de los principales críticos de la estrategia de seguridad del gobierno mexicano. En semanas recientes, incluso acusó a Claudia Sheinbaum de actuar como “el brazo de relaciones públicas de una organización criminal”, lo que derivó en una demanda por difamación presentada por la administración federal.
La confrontación entre Sheinbaum y Lichtman no es sólo retórica. El trasfondo involucra el futuro de Ovidio Guzmán —quien enfrenta múltiples cargos en EE.UU.— y el trato que ambos gobiernos darán a líderes históricos como Zambada, cuya influencia se mantiene viva dentro y fuera de prisión.
El gobierno mexicano ha reiterado que, mientras no se esclarezca el proceso que llevó al “Mayo” a territorio estadounidense, no puede hablarse de cooperación plena.
¿Extraditar a Zambada o dejarlo en EE.UU.?
Aunque la Fiscalía General de la República no ha revelado detalles de la solicitud formal de extradición, fuentes del gabinete de seguridad han confirmado que esta fue presentada en los primeros meses de 2025. Sin embargo, hasta ahora no hay fecha ni respuesta sobre un eventual traslado.
Estados Unidos mantiene en reserva su estatus legal, pero la narrativa oficial mexicana insiste en que el juicio debe realizarse también en el país por delitos cometidos aquí.
La presidenta Sheinbaum lo resumió así:
“Tiene que haber confianza de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos en lo que tiene que ver con seguridad y otros temas”.
