Irma Hernández Cruz fue maestra, jubilada y taxista. Tenía 62 años y seguía trabajando para sostenerse. El pasado 18 de julio fue secuestrada en el municipio de Álamo Temapache, al norte de Veracruz, mientras manejaba su taxi con el número económico 554. Horas más tarde, su rostro inmovilizado apareció en un video que circuló ampliamente en redes sociales: estaba hincada, con las manos atadas, rodeada por al menos nueve hombres armados. Le obligaron a leer un mensaje dirigido a sus compañeros taxistas: “Paguen su cuota como debe de ser con ellos (…) o van a terminar como yo”.
Ese mensaje, atribuido al grupo criminal “Sombra” o “Mafia Veracruzana”, no fue solo una amenaza. Seis días después, el 24 de julio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el hallazgo de su cuerpo sin vida en un predio de la comunidad de Tepetzintlilla, también en Álamo Temapache. La maestra había muerto a causa de un infarto, derivado —según reveló la gobernadora Rocío Nahle— de las agresiones sufridas durante su cautiverio. “Fue violentada la maestra (…) nos está indicando los forenses que a partir de la violencia le dio un infarto”, lamentó la mandataria estatal.
La escena donde fue encontrado el cadáver formaba parte de un campamento criminal. Elementos del Ejército Mexicano localizaron en el lugar armas largas, vehículos y chalecos tácticos abandonados. La operación, según confirmó Nahle, se desplegó tras una serie de acciones coordinadas para ubicar a la víctima. Al llegar al sitio, los agresores ya habían huido.
A raíz del asesinato, comenzó a circular información no oficial sobre la detención de dos presuntos integrantes del grupo “Sombra”. Medios locales reportaron que en el municipio de Cerro Azul —colindante con Álamo Temapache— fueron capturados Víctor “N”, alias El Cholo o Moyo, y José “N”, conocido como El Gastón o Águila. Ambos estarían relacionados con el secuestro, tortura y ejecución de Irma Hernández. Sin embargo, hasta el momento, ni la Fiscalía estatal ni el Gobierno federal han confirmado formalmente dichas detenciones.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este viernes sobre el caso. “Es muy lamentable”, dijo, al condenar el crimen. Aseguró que existe una colaboración estrecha entre la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Veracruz y el gabinete de seguridad federal para esclarecer los hechos. “Desde que se denunció su desaparición, hubo colaboración (…) y se está colaborando con la gobernadora para llegar al fondo de estos hechos y que no haya impunidad”.
Durante su intervención, Sheinbaum fue cuestionada sobre si la difusión del video en el que la maestra fue obligada a leer un mensaje a cámara representa un desafío abierto del crimen organizado al Estado mexicano. La mandataria no respondió directamente, pero insistió en que será el gabinete de seguridad quien ofrezca información completa sobre el caso. “Primero que se clarifique cómo fue la muerte de esta mujer, cuál es el contexto (…) siempre hay que tener la información completa”, señaló.
El video de Irma Hernández circuló por redes sociales como una advertencia brutal a quienes se niegan a pagar las llamadas “cuotas” de extorsión, una práctica que, de acuerdo con organizaciones civiles en el norte del estado, se ha recrudecido en los últimos meses. En la grabación, la víctima menciona incluso a otro grupo delictivo, Los Charos, como un falso intermediario. Esta referencia encendió las alarmas entre los taxistas de la región, que ya habían denunciado amenazas constantes por parte del crimen organizado.
Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal mantiene una estrategia activa para combatir este tipo de delitos. “Estamos trabajando desde el primer día en todo lo que tiene que ver con la seguridad y en particular con las extorsiones (…) vamos a seguir dando resultados todos los días para que estas situaciones no ocurran en el país”.
El asesinato de Irma Hernández Cruz ha sido uno de los crímenes más indignantes registrados recientemente en el estado de Veracruz. Su caso ha despertado movilizaciones sociales, condenas públicas y exigencias de justicia por parte de colectivos de mujeres, sindicatos de docentes y organizaciones de derechos humanos. El hecho de que fuera una maestra jubilada, víctima de extorsión por su actividad como taxista, ha evidenciado la vulnerabilidad de sectores históricamente ajenos a estas dinámicas violentas.
