Una red de contrabando internacional de combustible entre Estados Unidos y México, operada con la complicidad de empresarios norteamericanos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha inundado el país con millones de litros de diésel y gasolina ilegal, según revelan documentos y testimonios obtenidos por la agencia de noticias Reuters.
El esquema, conocido como “huachicol fiscal”, consiste en introducir combustibles a territorio mexicano bajo declaraciones falsas —por ejemplo, como “lubricantes” o “aditivos”— para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y lavar dinero del crimen organizado. Esta práctica representa ya hasta un tercio del mercado nacional de combustibles, generando pérdidas multimillonarias al erario y fortaleciendo las finanzas del CJNG.
El caso más reciente que destapó la magnitud del fraude fue el del buque Torm Agnes, que el 8 de marzo atracó en el puerto de Ensenada, Baja California, con 120 mil barriles de diésel. Lo inusual: ese puerto no cuenta con permisos para manejar hidrocarburos inflamables.
De acuerdo con fuentes portuarias, durante la noche y sin pausa, una flotilla de pipas conectó mangueras directamente al buque para descargar el combustible. El operativo fue coordinado por la firma Ikon Midstream, con sede en Houston, que habría adquirido el diésel en Canadá y lo vendió a la empresa mexicana Intanza S.A. de C.V., considerada una fachada vinculada al CJNG.
Las investigaciones apuntan a que varias compañías estadounidenses y mexicanas habrían replicado este modelo en puertos del Pacífico y del Golfo de México, utilizando documentación alterada, sobornos a funcionarios aduanales y maniobras financieras para mover combustible sin pagar impuestos.
El producto se revende en el mercado interno a precios reducidos, lo que afecta a empresas formales y distorsiona la competencia en el sector energético.
Fuentes del sector estiman que el valor anual del combustible ilícito que ingresa al país supera los 20 mil millones de dólares, una cifra que coloca al “huachicol fiscal” como la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, solo detrás del narcotráfico.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno investiga la participación de empresarios estadounidenses y anunció una revisión profunda de las operaciones portuarias.
“Estamos trabajando para cerrar las rutas del contrabando y castigar a quienes, desde dentro o fuera del país, se benefician del crimen organizado”, señaló la mandataria.
Por su parte, la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas reforzaron la supervisión en puertos estratégicos como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos y Ensenada, donde se sospecha que operan células del CJNG y del Cártel de Sinaloa.
El “huachicol fiscal” no solo implica evasión fiscal: representa una nueva fuente de poder económico para los cárteles, con la que expanden su control territorial y su influencia en la economía formal.
Expertos advierten que el combustible ilegal también se usa para financiar otras actividades delictivas, como tráfico de armas, corrupción institucional y operaciones de lavado a través de gasolineras aparentemente legales.
El desafío para México, subrayan analistas, será romper la alianza criminal entre empresarios y cárteles, una estructura que ha cruzado fronteras y penetrado sectores estratégicos de la economía.
