El desalojo violento de artesanas indígenas en el Centro Histórico de Querétaro el pasado 7 de diciembre provocó una ola de críticas contra el Ayuntamiento por uso excesivo de la fuerza y criminalización sistemática del trabajo que realizan mujeres de pueblos originarios en la vía pública. Los hechos, documentados en videos difundidos en redes sociales ocurrieron durante un operativo del llamado “Plan Orden”, mediante el cual el gobierno municipal busca retirar a vendedoras y vendedores ambulantes del centro histórico de la ciudad.
El conflicto inició cuando inspectores municipales realizaron un recorrido por el andador 5 de Mayo para impedir que las artesanas instalaran sus puestos. En las grabaciones se observan empujones, jaloneos y agresiones directas contra las mujeres, así como la caída de una de ellas al suelo en medio del operativo. En otro de los videos difundidos se aprecia a un trabajador municipal pateando en la cabeza a un hombre que intentó intervenir en defensa de las artesanas, hecho que intensificó la confrontación.
Posteriormente las artesanas se trasladaron a la Plaza de Armas para denunciar lo ocurrido. Durante esta manifestación pacífica nuevamente se registraron empujones y decomisos de mercancía, lo que provocó un segundo enfrentamiento. Testigos afirman que las mujeres fueron agredidas incluso cuando algunas de ellas llevaban bebés o se encontraban acompañadas de menores. Colectivos y ciudadanas que estuvieron presentes denunciaron que la actuación municipal fue desproporcionada y dirigida de manera directa contra mujeres indígenas en situación de vulnerabilidad.
La respuesta del Ayuntamiento fue señalar que cinco inspectores resultaron lesionados, tres de ellos de gravedad, y que el operativo se llevó a cabo debido a que las artesanas presuntamente rompieron notificaciones en las que se les advertía que no podían instalarse en zonas restringidas del Centro Histórico. El municipio también informó que ya presentó denuncias penales por agresiones contra personal municipal.
Tras los hechos, un grupo numeroso de mujeres indígenas realizó una marcha en el Centro Histórico. Portando letreros avanzaron desde la avenida Corregidora hasta la Plaza de Armas con consignas como “somos artesanas, no somos delincuentes”. Exigieron alto a la violencia institucional y solicitaron al municipio de Querétaro que se les otorguen espacios de venta durante la temporada navideña.
Organizaciones civiles y ciudadanas se sumaron a la protesta para exigir que el municipio garantice condiciones dignas de trabajo a los pueblos originarios, quienes dependen de la venta ambulante para su supervivencia.
La situación se suma a una serie de episodios previos documentados en Querétaro durante los últimos años. En 2024 un operativo similar dejó seis personas detenidas, golpes, uso de perros policía y decomisos de mercancía, provocando protestas y reclamos por violaciones a derechos humanos. Diversas organizaciones señalan que estos acontecimientos reflejan un patrón de criminalización del comercio indígena y de uso sistemático de la fuerza contra mujeres y familias que trabajan en el ambulantaje.
Legisladoras locales también hicieron un llamado a detener el acoso y hostigamiento institucional, y a iniciar investigaciones imparciales para determinar responsabilidades y sancionar a los funcionarios involucrados.
Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha detallado si habrá sanciones internas por las agresiones captadas en video. Tampoco se ha definido una alternativa clara que garantice condiciones reales y suficientes para que las mujeres indígenas puedan ejercer su actividad económica sin violencia ni persecución. Mientras tanto, las artesanas insisten en que seguirán manifestándose hasta que sus derechos sean reconocidos y respetados.
