En 2025 quedó demostrado que las criptomonedas dejaron de ser una herramienta marginal para convertirse en un instrumento generalizado en las operaciones del crimen organizado, según diversos análisis y reportes especializados. El fenómeno, que expertos habían advertido desde hace años, se consolidó como una de las preocupaciones más urgentes para la seguridad global y las autoridades financieras.
Lo que antes era una tecnología asociada principalmente con entusiastas tecnológicos o inversores como Bitcoin o Ethereum hoy forma parte de la infraestructura financiera de grupos criminales tradicionales y emergentes que buscan mover grandes sumas de dinero con menor riesgo de rastreo. Criptoactivos permiten transacciones transfronterizas prácticamente instantáneas y casi sin supervisión estatal, características que los delincuentes aprovechan para lavar dinero, financiar redes de explotación y evadir sanciones económicas.
Según especialistas en seguridad digital, las organizaciones criminales de América Latina, Asia y Europa han adoptado estrategias financieras basadas en criptoactivos para diversas operaciones ilícitas. En países como México y Brasil, cárteles dedicados al narcotráfico y redes de ciberdelincuencia han combinado técnicas tradicionales con esquemas digitales sofisticados, mezclando dinero en efectivo con activos virtuales para ocultar el origen de fondos y dificultar la labor de las autoridades.
El mayor robo conocido a una institución financiera brasileña tuvo lugar en julio de 2025, cuando ciberdelincuentes robaron US $150 millones sin necesidad de poner un pie en el banco.
Explotando una vulnerabilidad en Pix, el sistema de pagos electrónicos de Brasil, el grupo drenó los fondos y luego los convirtió en criptomonedas para no dejar rastros.
Los ladrones operaron a nivel internacional , sospechosos han sido arrestados en Argentina, Portugal y España, además de 11 estados en Brasil.
Sin embargo, las cabezas del grupo aún se encuentran prófugas.
Expertos señalan que, detrás de esta tendencia, no solo hay un intento de modernizar las estructuras criminales, sino también de aprovechar la falta de regulación homogénea a nivel global. Mientras algunos países han empezado a exigir medidas de identificación más estrictas en operaciones con criptomonedas, otros permanecen rezagados, lo que facilita que las redes ilícitas exploten estas brechas legales para mover capitales con impunidad.
Un componente clave de este fenómeno es la evolución de las herramientas tecnológicas disponibles para los delincuentes. Mezcladores de criptomonedas, servicios de intercambio descentralizados y plataformas de pago sin requisitos de “conozca a su cliente” han sido adoptados por estas organizaciones para fragmentar transacciones y ocultar el rastro de los fondos ilícitos.
La red de ciberdelincuencia brasileña llamada “Grandoreiro”, envió enlaces maliciosos a las víctimas que luego les permitieron robar sus credenciales e ingresar en sus cuentas bancarias. Tras varias detenciones en Argentina en 2025, las autoridades lograron reconstruir el modus operandi. El grupo utilizó cuentas locales para realizar transferencias bancarias normales antes de comprar y vender criptomonedas para no dejar pistas.
Aunque las cadenas de bloques o blockchains registran cada operación de forma transparente, la anonimización de las partes involucradas y la complejidad de las transacciones dificultan su trazabilidad efectiva. Las autoridades han logrado decomisar fondos y desarticular algunos esquemas gracias a técnicas forenses avanzadas, pero los expertos advierten que estos logros son solo una fracción de un problema que crece rápidamente.
En este contexto, organizaciones de análisis financiero y seguridad digital han instado a fortalecer los marcos regulatorios y la cooperación internacional, argumentando que solo una respuesta coordinada puede reducir el atractivo de las criptomonedas para actividades delictivas, sin frenar su desarrollo como tecnología financiera legítima.
El 2025 podría marcar así un antes y un después: las criptomonedas pasaron de ser una herramienta emergente en un nicho criminal a un componente estructural del crimen organizado global, lo que demanda nuevas estrategias políticas, legales y tecnológicas para enfrentarlas.
