Las críticas contra Salma Hayek aumentaron tras su reciente visita a México y sus comentarios favorables hacia la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los apoyos al cine nacional. En redes sociales y espacios de opinión, diversos usuarios y analistas señalaron que la actriz ofreció una visión positiva del momento político y cultural del país sin mencionar la crisis de violencia e inseguridad que viven muchas regiones. A partir de ello surgió una consigna que se volvió tendencia: pedirle que si lleva historias mexicanas al cine, retrate también el “México real”.
Las reacciones más duras sostienen que figuras internacionales con gran alcance deberían visibilizar problemáticas como la extorsión, el cobro de piso y los crímenes de alto impacto.
Entre los ejemplos que más se repiten aparecen casos concretos que sacudieron al país. Uno es el de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada que trabajo como taxista y fue asesinada en Veracruz tras negarse a pagar cuota de piso, cuyo video de intimidación se viralizó y fue citado como prueba del avance de la extorsión.
Otro es la masacre ocurrida en Irapuato, donde un ataque armado durante una celebración comunitaria dejó múltiples víctimas y reavivó el debate sobre control territorial criminal. También se menciona el caso del adolescente Ricardo Mizael López, muerto a tiros en Culiacán cuando salió a comprarle alimento a sus gatos, hecho que provocó indignación nacional por tratarse de una víctima civil sin vínculo delictivo. Para sectores opositores, estos expedientes muestran debilidades en prevención, inteligencia y protección efectiva a la población.
En paralelo, se le cuestiona al ser una actriz, si bien nacida en México, dicen no representar al mexicano. Ya que lleva más de 34 años viviendo fuera del país, que es mas de la mitad de su vida.
Además de estar casada con un millonario empresario francés, actual presidente de un conglomerado de marcas de lujo, donde una de ellas ha estado en controversia por campañas publicitarias con insinuaciones a abusos de menores.
Aun así, el debate digital mezcló ambos frentes: respaldo político y responsabilidad social.
La conversación pública ahora gira en torno a una exigencia simbólica: si el cine cuenta historias poderosas, también debería mostrar las heridas abiertas del país.
