Hincados y a tablazos… así fueron castigados al menos dos hombres en un predio improvisado en Tijuana, Baja California.
El video —grabado el 20 de octubre de 2025 y difundido en redes sociales— muestra a cuatro presuntos elementos de la Guardia Nacional golpeando con una tabla de madera a personas en aparente situación de calle, dentro de una vivienda hecha de cartón, lona y pedazos de madera, en plena colonia 10 de Mayo.
Las imágenes, captadas por una cámara de videovigilancia, duran poco más de un minuto… suficiente para reavivar el debate sobre la violencia institucional y el abuso de poder en México.
A mediodía, bajo el sol que aplasta los cerros secos de la periferia, uno de los uniformados aparece acomodando a un hombre de espaldas para golpearlo dos veces en los glúteos con una tabla ancha, de las mismas que utilizan los criminales en retenes improvisados.
El segundo guardia, también uniformado y con gorra negra, sale de una choza cubierta con lona azul. Se acerca y ordena al otro detenido inclinarse para propinarle un solo golpe. Las víctimas permanecen de rodillas, apenas visibles por el ángulo bajo de la cámara, mientras al fondo se escuchan algunos quejidos.
Los presuntos agentes conversan unos segundos con las víctimas y se retiran caminando, sin prisa.
Del otro lado de la barda, un hombre —civil, sin uniforme— camina hacia el barranco lleno de basura y se aleja sin mirar atrás.
El video termina con los dos detenidos en el suelo, inmóviles, mientras el ruido del ambiente se mezcla con el zumbido de la cámara.
La grabación comenzó a circular esa misma noche en redes sociales. En cuestión de horas, las imágenes llegaron a medios locales y nacionales, acompañadas de indignación, enojo y también —en un sector reducido— de aplausos.
Algunos usuarios celebraron la acción, calificando el sitio como un “picadero” y sugiriendo que los tablazos fueron un castigo “merecido”.
Sin embargo, la mayoría exigió que se abra una investigación y que los presuntos agentes respondan por lo ocurrido. Y es que el reclamo no es menor: en un país donde la autoridad suele mirar hacia otro lado, el abuso quedó grabado en video.
La cámara, instalada en una pared de madera, no solo captó los golpes… también el entorno: láminas oxidadas, basura amontonada, perros que husmean entre restos de cartón y trapos. Todo el paisaje habla de olvido, de pobreza, de vidas sin techo. Ese escenario —más que el golpe mismo— fue lo que encendió la rabia colectiva.
Hasta ahora, ninguna autoridad ha emitido un comunicado formal sobre el incidente. Ni la Guardia Nacional ni la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) han confirmado si los agresores pertenecen efectivamente a la corporación o si se trataría de personas utilizando uniformes apócrifos.
Al momento, también se desconoce quiénes son los dos hombres sometidos, si recibieron atención médica o si alguien se atrevió a denunciar.
El silencio institucional ha provocado aún más cuestionamientos. Colectivos de derechos humanos en Tijuana han exigido una investigación independiente, mientras abogados locales piden que se active la Comisión Estatal de Derechos Humanos para verificar el caso y resguardar la evidencia original del video.
Y es que, en un país donde los abusos de fuerza se repiten en retenes, patrullajes y operativos rurales, las imágenes reavivaron una discusión conocida: ¿quién vigila a quienes patrullan?
La colonia 10 de Mayo es un asentamiento irregular al oriente de Tijuana. En esa zona, los servicios públicos son intermitentes; la luz llega por tendidos improvisados y el agua se reparte en tambos.
En el colmo, la violencia es cotidiana: robos, consumo de drogas y riñas. Los vecinos conviven con el estigma de habitar uno de los sectores con mayor índice de marginación y adicciones en la ciudad. Por eso, muchos creyeron reconocer el lugar del video. Pero la pobreza —dicen los colectivos que trabajan en la zona— no puede ser excusa para el abuso.
El caso no es aislado. En los últimos meses, diversos reportes en Baja California han documentado uso excesivo de la fuerza por parte de elementos federales y municipales.
En septiembre, un video mostró a agentes de policía de Ensenada pateando a un hombre esposado en plena calle, mientras que un mes antes, una mujer fue agredida por militares durante un operativo en Playas de Rosarito.
Expertos advierten que este tipo de escenas no solo evidencian la falta de capacitación en derechos humanos, sino también una cultura de impunidad institucional. El castigo físico —como práctica “correctiva”— es una violación directa a los tratados internacionales firmados por México y a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
En tanto, la Fiscalía General del Estado de Baja California mantiene silencio, pero fuentes locales aseguran que el video ya fue entregado para su análisis pericial y que se busca confirmar la identidad de los uniformados.
