El gobierno mexicano lo hizo de nuevo. Fuentes confidenciales confirmaron a La Saga que las fuerzas armadas tuvieron en sus manos a quien pudo convertirse en el siguiente heredero del imperio de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, y lo dejó ir.
Se trata de Alejandro Guzmán, un hombre de bajo perfil, silencioso y acostumbrado a moverse en las sombras. Su nombre, apenas conocido fuera del círculo criminal, comenzó a mencionarse la noche del 30 de agosto, cuando un convoy militar irrumpió en Tlajomulco de Zúñiga, al sur de Guadalajara, en una zona de ranchos y caminos de terracería.
La versión inicial afirmaba que en esa redada había caído el sobrino o primo del exlíder del Cártel de Sinaloa, detenido junto a tres de sus hombres, con armas, dinero y droga asegurada. En cuestión de horas, el presunto operativo se volvió tema nacional, pero al amanecer del día siguiente no existía un solo documento que lo confirmara.
La historia empezó como tantas otras: con una filtración, una fuente militar anónima y una red de periodistas que repiten lo que oyen en la frecuencia de la noche. Se dijo que los soldados habían rodeado el rancho donde Alejandro Guzmán se encontraba reunido con tres de sus operadores, que los esperaban, que “sabían que estaría allí”.
El periodista José Luis Montenegro, especialista en temas de narcotráfico, ofreció más detalles acorde a sus fuentes: Dos camionetas RAM TRX que fueron mencionadas como parte de los aseguramientos y confirmó 140 mil pesos escondidos en dobles fondos, además de un breve enfrentamiento. Ese día, la detención fue reportada como un éxito táctico de inteligencia, una pieza más en la ofensiva contra la estructura de “Los Chapitos”. Sin embargo, conforme pasaron las horas, el silencio institucional empezó a ensombrecer la noticia.
En paralelo, Montenegro sostuvo en Aristegui Noticias que la captura sí había ocurrido y que Alejandro Guzmán fue liberado menos de 24 horas después. Aseguró que hubo tortura, incomunicación y jugosos pagos para conseguir la salida.
Ni la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Fiscalía General de la República emitieron boletín alguno, tampoco la Fiscalía de Jalisco. Ningún registro de ingreso, ninguna puesta a disposición, ningún folio judicial y así, lo que horas antes había trascendido como una captura relevante se desvanecía sin explicación.
El portal internacional Cartel Insider, que había difundido la primera versión, publicó un texto breve titulado “False Arrest. Bad Information”, admitiendo que la fuente original no contaba con respaldo documental, sin embargo, el desmentido no apagó la historia pues una familia que presenció los hechos se acercó a este equipo de investigación para narrar y mostrar pruebas de aquel operativo que a toda costa, quisieron esconder.
Hasta hoy, ninguna autoridad ha confirmado que dicha movilización, sin embargo el personaje central, Alejandro Guzmán, no es un desconocido.
Desde hace años su nombre figura en informes de inteligencia como un operador financiero de “Los Chapitos”. Se le atribuyen vínculos directos con los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los principales herederos de la facción.
En Culiacán lo conocen como El Güerito: joven, calculador, encargado de mover dinero y coordinar operativos menores. No tiene ficha roja ni recompensa y tampoco aparece en los listados públicos de buscados por la DEA. Su perfil, hasta antes de Tlajomulco, era el de un colaborador en la penumbra. Un hombre lo bastante importante para tener la confianza de la familia, pero lo bastante discreto para no llamar la atención de Washington. Ese equilibrio parece haberse roto con el rumor de su captura.
A medida que los días avanzaron, de manera oficial, el operativo de Tlajomulco se convirtió en un fantasma. Ningún vecino fue interrogado oficialmente. Ninguna autoridad reconoció haber participado y aunque en redes sí circularon videos probatorios de los convoyes de soldados, su ubicación y hora, no fue verificable hasta ahora.
Analistas apuntaron que la opacidad en el tema podría ser deliberada: una estrategia de inteligencia que buscaba mantener bajo reserva una captura para no alertar a la estructura sinaloense. Otros, más escépticos, lo interpretaron como un error operativo: una intervención sin coordinación con la fiscalía que obligó a liberar al detenido ante la falta de orden judicial. La verdad, por ahora, no está en ningún expediente, sin embargo, la historia sigue viva porque el apellido Guzmán pesa, y porque cada aparición de un familiar de “El Chapo” en territorio mexicano despierta las mismas preguntas: quién lo protege, quién lo dejó escapar y quién se beneficia de que no aparezca en los registros.
El caso ocurre, además, en un contexto de reconfiguración interna del Cártel de Sinaloa: Ovidio Guzmán se declaró culpable ante la justicia estadounidense. Joaquín Guzmán López está a punto de hacerlo. Mientras los dos mayores, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, continúan prófugos, bajo sanciones económicas y persecución internacional. Así, el linaje atraviesa una transición dura y silenciosa. En medio de esa fractura, nombres como el de Alejandro Guzmán comienzan a ocupar espacios estratégicos: finanzas, logística y enlaces locales. Por eso el "rumor" de su detención encendió alarmas en los servicios de inteligencia de México y Estados Unidos. Si el operativo existió, fue una oportunidad perdida. Si no, un síntoma de la fragilidad institucional para manejar información de alto nivel.
La pregunta, inevitable, es si ese silencio es parte de una estrategia o de una costumbre. Porque en México, callar puede ser tan funcional como detener. Las operaciones se ejecutan, las órdenes se pierden, los nombres cambian, y las historias, como esta, quedan flotando en la zona gris donde todo puede haber ocurrido y nada se puede probar.
En ese punto, la nota deja de ser una noticia para convertirse en síntoma. Un gobierno que no desmiente ni confirma. Un sistema de seguridad que produce rumores en lugar de resultados. Un país donde la captura o la liberación de un Guzmán es materia de especulación y no de registro. Si Alejandro Guzmán fue detenido y liberado, el Estado falló. Si nunca fue detenido, el Estado mintió por omisión. En cualquiera de los casos, el mensaje es el mismo: la impunidad sigue siendo seguirá siendo el eje.
**Con información de José Luis Montenegro
