La defensa de Julio Iglesias ha dado un paso firme este lunes 19 de enero de 2026. A través de sus abogados, el cantante español de 82 años solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el archivo inmediato de la investigación abierta por presuntas agresiones sexuales y trata de personas. El argumento principal es la ausencia total de jurisdicción de los tribunales españoles para conocer el caso, ya que los hechos denunciados habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas, países donde reside habitualmente el artista.
El escrito, de 15 páginas y firmado por el reconocido penalista José Antonio Choclán, exige que se dicte un decreto de archivo sin más trámites. La defensa sostiene que la jurisdicción preferente es la del lugar donde se cometieron los supuestos delitos, por el principio de territorialidad. Solo de forma subsidiaria podría intervenir España, y eso no aplica aquí porque sí es posible perseguir los hechos en los países de origen.
Además, el equipo legal pide acceso inmediato a las diligencias preprocesales, declaradas secretas, alegando la repercusión pública del asunto y el grave daño reputacional causado a la trayectoria del intérprete. Critica también que las dos denunciantes —una exempleada doméstica y una fisioterapeuta— reciban la condición de testigos protegidos, ya que ellas mismas convirtieron el tema en un caso mediático al hacerlo público, por lo que cualquier protección adicional debería caer.
La denuncia fue presentada el 5 de enero de 2026 por la organización Women’s Link Worldwide en nombre de las mujeres, quienes alegan delitos ocurridos en 2021, como agresiones sexuales, acoso, lesiones, trabajo forzado y condiciones laborales abusivas en las residencias del cantante. La Fiscalía abrió diligencias preliminares para evaluar si procede la competencia española, dada la nacionalidad del investigado.
Julio Iglesias ha negado rotundamente todas las acusaciones desde el inicio, afirmando que son falsas y que nunca abusó, coaccionó, ni faltó al respeto a ninguna mujer. Su abogado, con amplia experiencia en casos de alto perfil, insiste en que el procedimiento debe tramitarse donde ocurrieron los hechos.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ahora deberá decidir si acepta el argumento de falta de jurisdicción o continúa las diligencias. Por el momento, la investigación sigue en fase inicial y reservada.
