El golpe judicial alcanzó de lleno a uno de los hombres más influyentes del futbol mexicano. El Juez 40 Civil de la Ciudad de México ordenó la detención de Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, propietario de los clubes Pachuca y León, y dueño también del Everton de Chile y el Real Oviedo de España.
La medida se extendió a Hipólito Cabrera Acosta, su representante legal y figura clave en la estructura del conglomerado. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, la orden se giró por desobediencia de particulares agravado, después de que ambos faltaran por segunda ocasión a una audiencia inicial en la que serían imputados por desacato dentro de un pleito mercantil.
En el centro del conflicto está un litigio por los derechos de transmisión televisiva de los partidos del Pachuca, que mantiene enfrentados al grupo empresarial y a una televisora que reclama exclusividad
Un pleito que escaló a tribunales
El conflicto no comenzó esta semana. Desde hace meses, un juez civil ordenó al Club Pachuca abstenerse de transmitir sus encuentros mientras se resolvía el fondo del litigio. La medida tuvo efectos inmediatos: el 5 de abril, el duelo entre Pachuca y América se jugó con estadio lleno, pero sin cámaras. Ningún canal ni plataforma transmitió el encuentro. Ese día, la Liga MX publicó un breve comunicado para justificar la ausencia de señal:
“Por orden judicial, el partido de la jornada 14 entre los clubes Pachuca y América no podrá ser transmitido en ningún territorio”. Las imágenes de los aficionados grabando con sus teléfonos circularon en redes.
Sin transmisión, el eco del partido quedó en los videos caseros que salían desde las gradas. Horas después, la Liga reiteró su respaldo al club y prometió ayudarlo a restablecer las emisiones: “La Liga BBVA MX reitera todo su apoyo al Club Pachuca para resolver la situación y garantizar que sus aficionados puedan acceder a los partidos lo antes posible.”
La reacción de Grupo Pachuca
El comunicado de Grupo Pachuca llegó entrada la noche del martes. El tono era de indignación. “El Juez 40 Civil del Tribunal local, con la complacencia y apoyo de sus superiores, actuó de forma excesiva y violatoria de los derechos de nuestros directivos”, afirmaron.
El texto acusó “actos de intimidación” y anunció que los abogados del consorcio impugnarán la medida. Puertas adentro, la noticia cayó como un golpe seco. En las oficinas del club, los empleados revisaban llamadas de abogados y comunicados que no terminaban de cerrar. Mientras tanto, Jesús Martínez no apareció en público.
Ningún comunicado personal, ninguna entrevista. Solo silencio. Ni la Liga MX ni la Federación Mexicana de Futbol emitieron postura. El caso, hasta ahora, se mantiene en la esfera judicial y sin confirmación de ejecución inmediata.
