Una investigación periodística publicada por EMEEQUIS y retomada por otros medios nacionales reveló que Garmen Servicios Petroleros, propiedad de Julio César García Vera, yerno del ex secretario de Seguridad de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, recibió contratos federales y estatales que en conjunto superan los 50 millones de pesos, en el periodo en que su suegro ocupaba un cargo clave dentro del gobierno estatal.
De acuerdo con la documentación revisada en plataformas oficiales de transparencia y Compranet, las empresas vinculadas a Julio César García obtuvieron adjudicaciones por servicios diversos tanto del gobierno de Tabasco como de dependencias federales. El monto acumulado documentado por la investigación rebasa los 50 millones de pesos y, en algunos cortes de análisis, se aproxima a los 60 millones.
Entre las compañías señaladas se encuentran firmas en las que Julio César figura como socio o representante legal. Los contratos incluyen prestación de servicios, proveeduría y otros esquemas administrativos otorgados durante distintos ejercicios fiscales. Parte de los recursos provinieron de dependencias estatales tabasqueñas y otra parte de instancias del gobierno federal.
De acuerdo con las publicaciones recientes, el yerno del ex secretario obtuvo contratos provenientes tanto de dependencias estatales como de instancias federales, acumulando montos que superan los 50 millones de pesos y que, según algunos reportes, podrían acercarse a los 60 millones si se consideran distintos ejercicios fiscales. Los contratos habrían sido asignados durante años en los que Bermúdez ocupaba una posición estratégica dentro del aparato de seguridad estatal, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y redes de favorecimiento.
La investigación documenta que las empresas beneficiadas estarían vinculadas directamente con el familiar del ex funcionario, lo que coloca bajo escrutinio los procesos de adjudicación y la transparencia en la asignación de recursos públicos. Aunque hasta ahora no se ha informado de imputaciones penales específicas derivadas exclusivamente de estos contratos, la revelación amplía el alcance del escándalo político que rodea al caso “La Barredora”.
El contexto político es particularmente sensible debido a la cercanía institucional entre Bermúdez y Adán Augusto López durante el gobierno de Tabasco. Si bien no se ha acreditado responsabilidad directa del exgobernador en la asignación de contratos, la red de relaciones políticas y administrativas durante ese periodo forma parte del análisis público y mediático.
La publicación de estos datos reaviva el debate sobre la rendición de cuentas en Tabasco y sobre la posible utilización de posiciones de poder para beneficiar a círculos familiares o empresariales cercanos a funcionarios de alto nivel. El caso continúa bajo escrutinio y podría derivar en investigaciones administrativas o penales si las autoridades competentes determinan la existencia de irregularidades en la contratación pública.
