La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio marcha atrás a la decisión de reservar por cinco años la información relacionada con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez. No obstante, la dependencia aclaró que las notas diplomáticas vinculadas con expedientes judiciales permanecerán clasificadas por tratarse de información reservada conforme a la legislación vigente.
El cambio de postura ocurrió apenas un día después de que se hiciera pública la determinación del Comité de Transparencia de la Cancillería de mantener bajo reserva la documentación relacionada con este caso, una decisión que generó cuestionamientos por parte de diversos sectores debido a la relevancia pública del asunto.
A través de un comunicado, la SRE informó que, por instrucciones de la presidente Claudia Sheinbaum, transparentará la información relacionada con las solicitudes de extradición presentadas por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, precisó que las notas diplomáticas que formen parte de procedimientos judiciales internacionales continuarán protegidas para salvaguardar el debido proceso y las relaciones continuarán protegidas para salvaguardar el debido proceso y las relaciones diplomáticas entre ambos países.
La reserva original había sido aprobada por el Comité de Transparencia de la SRE el 23 de junio de 2026, mediante la resolución CTA- 208/2026, en respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada el 27 de mayo. En dicha resolución se determinó clasificar la información por un periodo de cinco años, al considerar que su divulgación podría afectar procedimientos legales y la cooperación internacional en materia de justicia.
Como parte del cambio de criterio, la cancillería hizo públicos diversos documentos relacionados con el caso. Entre ellos destaca el oficio ASJ-22632, fechado el 30 de abril de 2026, dirigido a la Embajada de Estados Unidos en México, en en que la Dirección General de Asuntos Jurídicos Manifestó la propiocepción del Gobierno mexicano por la difusión pública de las acusaciones realizadas por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York antes de que existiera una notificación oficial a las autoridades mexicanas.
La documentación también incluye una ficha con los señalamientos formulados por la justicia estadounidense contra Ruben Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses, así como un documento con las líneas de comunicación que establecen la postura oficial del Gobierno de México respecto al caso y la estrategia diplomática adoptada frente a las autoridades estadounidenses.
La controversia comenzó luego de que se revelara que fiscales estadounidenses solicitaron la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya e Inzunza Cázarez dentro de una investigación por presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado. Tras darse a conocer esta información, el gobierno mexicano sostuvo que solicitaría mayores elementos a las autoridades de Estados Unidos antes de fijar una posición definitiva sobre el proceso.
Aunque la SRE aseguró que privilegiará la transparencia en este caso, reiteró que las notas diplomáticas relacionadas con expedientes judiciales seguirán siendo reservadas, al considerar que su difusión podría comprometer investigaciones en curso y afectar la cooperación jurídica internacional.
La decisión representa un cambio significativo en la postura inicial de la Cancillería y responde a las críticas generadas por la reserva de la información. Sin embargo, al final la dependencia sólo difundió una parte de los documentos, insuficiente para aclarar por completo el caso, por lo que la apertura anunciada quedó a medias y terminó siendo poco útil para conocer el fondo del asunto.
