La crisis de desapariciones en México volvió a colocar frente a frente a las autoridades federales y a las familias buscadoras durante la Mesa de Diálogo Regional realizada el jueves 2 de julio en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, en Villahermosa, Tabasco. Al encuentro asistieron representantes de 56 colectivos de búsqueda provenientes de Tabasco, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, además de familiares de personas desaparecidas, autoridades estatales y federales.
La reunión fue encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos; y el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez. También participaron representantes de fiscalías estatales, comisiones de búsqueda y especialistas en identificación forense. El objetivo oficial era escuchar directamente a las familias y recoger propuestas para fortalecer la estrategia nacional de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
Sin embargo, la reunión estuvo marcada por fuertes reclamos de las madres buscadoras, quienes acusaron al Gobierno Federal de mantener una actitud distante, de minimizar la crisis y de no escuchar realmente a las víctimas.
Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando tomó la palabra Socorro Gil Guzmán, fundadora del colectivo Memoria, Verdad y Justicia Acapulco, quien buscaba a su hijo Jhonatan Guadalupe Romero Gil, desaparecido tras ser detenido por policías municipales de Acapulco.
Desde el inicio de su intervención, Socorro reclamó la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que era ella quien debía escuchar personalmente a las familias.
También criticó que no estuviera presente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al señalar que la seguridad pública y las desapariciones están directamente relacionadas.
Durante su mensaje lanzó una de las críticas más duras de toda la jornada.
“Quiero que le digan que no es mentira, que somos tantas madres buscando a nuestros hijos, que tenemos que cavar la tierra para desenterrarlos. Nuestro país es una fosa clandestina que está llena de restos humanos. Le quedó grande el paquete de gobernarnos.”
Socorro también acusó a la presidenta de continuar la política del gobierno anterior al intentar reducir o cuestionar las cifras reales de personas desaparecidas.
En otro momento afirmó que le parecía “una vergüenza” que desde el Gobierno Federal se pusiera en duda la dimensión del problema y que incluso se cuestionaran casos como el de su propio hijo desaparecido.
La situación se volvió todavía más incómoda cuando la madre buscadora interrumpió su participación para reclamar directamente la actitud de Rosa Icela Rodríguez.
Mientras exponía su caso, observó que la secretaria de Gobernación estaba atendiendo otros asuntos y dejó de hablar para encararla públicamente.
“Voy a esperar a que termine porque ya la veo que está ocupada. Ya veo que en nuestra propia cara nos ignoran.”
El reclamo provocó un momento de silencio en la sala y quedó registrado en videos difundidos posteriormente por la propia Socorro Gil en redes sociales, donde se observa cómo detiene su discurso para esperar que la funcionaria volviera a poner atención.
Además, la activista señaló que otra integrante del presídium permanecía revisando su teléfono celular mientras las familias relataban la desaparición de sus seres queridos.
Al respecto expresó:
“Es la primera vez que vengo a una reunión y de verdad es una pena que nos hagan perder el tiempo de venir tan lejos, de dejar a nuestras familias y nuestras búsquedas para venir a escuchar tantas mentiras.”
Más adelante, cuando autoridades de Guerrero presentaban avances sobre reuniones periódicas con colectivos, Socorro Gil interrumpió al fiscal estatal Zipacná Jesús Torres Ojeda gritándole:
“¡Mentiroso! ¡Es mentira!”
Lo hizo después de que el funcionario asegurara que mantenían reuniones mensuales con los colectivos de búsqueda y que existía coordinación permanente con las familias.
La actitud de Rosa Icela Rodríguez fue otro de los temas que generó conversación durante la jornada.
Además del señalamiento de Socorro Gil por no prestar atención a los testimonios, la titular de Gobernación aprovechó el encuentro para ofrecer una disculpa pública por declaraciones realizadas semanas antes sobre presuntos apoyos otorgados desde Jalisco para que colectivos viajaran a una manifestación en la Ciudad de México.
Frente a las familias expresó:
“Pero si ofendí a nadie, si alguien sintió que yo le faltaba el respeto, ofrezco disculpas sinceras, porque de ninguna manera esa fue mi intención.”
También aseguró que nunca buscó desacreditar a los colectivos y afirmó que su comentario se refería únicamente a información relacionada con funcionarios locales.
Rodríguez reiteró que el Gobierno reconoce el trabajo que realizan diariamente las madres buscadoras y sostuvo que la localización de personas desaparecidas continúa siendo una prioridad para el Estado mexicano.
Por su parte, Ernestina Godoy reconoció durante la mesa que la desaparición de personas representa uno de los problemas más graves y sensibles que enfrenta el país.
La fiscal sostuvo que mantener un diálogo directo con las familias resulta indispensable para mejorar las investigaciones y fortalecer los procesos de búsqueda e identificación forense.
Asimismo, presentó avances relacionados con la nueva estrategia nacional de identificación y con la actualización del Protocolo Homologado de Investigación en Materia de Desaparición de Personas, con el objetivo de mejorar la coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda.
Aunque el encuentro formaba parte de una serie de mesas regionales impulsadas por el Gobierno Federal para construir acuerdos con los colectivos de búsqueda, la reunión terminó reflejando el profundo nivel de desconfianza que mantienen muchas familias hacia las instituciones.
Los videos difundidos posteriormente por Socorro Gil en redes sociales mostraron que buena parte de las intervenciones estuvieron marcadas por reclamos sobre la falta de resultados, la revictimización, la ausencia de altos funcionarios y la percepción de que las autoridades continúan sin comprender la magnitud de la crisis de desapariciones que enfrenta México.
