Un grupo de trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) denunció el despido masivo de 43 integrantes de esta área en distintos estados del país, una medida que calificaron como injustificada y que, aseguran, pone en riesgo tanto sus derechos laborales como la atención que reciben miles de personas usuarias del sistema de justicia.
A través de un pronunciamiento público, las afectadas señalaron que la decisión fue ejecutada de manera repentina, sin previo aviso y bajo el argumento de supuestas limitaciones presupuestales. Sin embargo, sostuvieron que dicha justificación carece de sustento, ya que el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2026 fue aprobado previamente y las plazas forman parte de la estructura oficial del Instituto.
Las trabajadoras explicaron que desempeñan funciones esenciales dentro del IFDP, como entrevistar y acompañar a personas usuarias de los servicios legales, realizar investigaciones de contexto, efectuar notificaciones y brindar apoyo técnico a defensoras y defensores públicos en diversos procesos judiciales. Su trabajo permitía que mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, pueblos indígenas, personas migrantes, personas con discapacidad y víctimas de violaciones a derechos humanos recibieran una atención integral y una defensa acorde con su realidad. Advirtieron que la desaparición de estas plazas podría afectar la calidad de la defensa pública y el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables del país.
En su posicionamiento, las afectadas manifestaron que la eliminación de plazas y la terminación de las relaciones laborales deben apegarse al marco jurídico vigente, respetando los derechos adquiridos y los procedimientos establecidos por la ley. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para transparentar las razones que motivaron la medida y garantizar el respeto irrestricto a los derechos laborales del personal.
De acuerdo con la denuncia, desde el pasado viernes comenzaron a notificarse los ceses mediante oficios firmados por la Dirección General de Recursos Humanos del Órgano de Administración Judicial (OAJ), en los que se comunica la terminación de los nombramientos de personal considerado de confianza con efectos al 30 de junio de 2026.
Las trabajadoras sostienen que los ceses alcanzan a las 43 plazas de trabajo social existentes en el IFDP a nivel nacional. A través de videos difundidos en redes sociales, personal del Poder Judicial de la Federación expresó su respaldo a las afectadas y calificó la decisión como un atropello, al tiempo que exigió una revisión de la medida.
Las afectadas también advirtieron que la desaparición del área de Trabajo Social no solo representa una pérdida de empleos, sino que debilita el modelo de defensa pública integral al eliminar una pieza clave para conocer el contexto social y las condiciones de vulnerabilidad de las personas representadas.
Hasta el momento, ni el Instituto Federal de Defensoría Pública ni el Órgano de Administración Judicial han emitido un posicionamiento oficial para responder a las denuncias sobre los presuntos despidos injustificados. Mientras tanto, las trabajadoras afectadas exigen que se revisen los ceses, se respeten sus derechos laborales y se garantice la continuidad de un servicio que consideran indispensable para asegurar el acceso efectivo a la justicia de miles de personas en situación de vulnerabilidad.
