Esta es una controversia constitucional que fue interpuesta por senadores, de igual manera una acción de inconstitucionalidad promovida por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, con las que se impugna la reforma al artículo 84 de la Constitución de Tamaulipas, así como el 44 en la Ley estatal de Servidores Públicos.
Ante las demandas, un ministro del máximo tribunal del país, se negó a suspender las modificaciones, por este motivo el gobernador mantendrá el “blindaje”, esto mientras se resuelve el caso.
Las impugnaciones señalan que no hay bases en la Constitución que permitan que los mandatarios estatales puedan aprobar normas “inamovibles” las cuales no podrán ser modificadas por la legislatura siguiente.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) declaró el pasado 19 de marzo que se habían detectado supuestas actividades financieras relacionadas con recursos de posible procedencia ilícita por parte del gobernador de Tamaulipas.
El 24 de junio el Congreso del estado, el cual cuenta con una mayoría panista, aprobó una reforma con la finalidad de evitar que la siguiente legislatura, la cual estará conformada en su mayoría con Morena, pueda quitarle el desafuero al mandatario.
Con información de: Milenio.
