El 23 de marzo la Fiscalía General de la República (FGR) emitió once citatorios a funcionarios públicos para comparecer, entre ellos la gobernadora Maru Campos de Chihuahua y el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Ambos casos han provocado tensión en la política mexicana, pues en el primer caso se le acusa de permitir una intervención extranjera y en el segundo de contar con vínculos con el crimen organizado.
Sobre los citatorios de la FGR, la Secretaría de Gobernación (Segob) explicó que se trata de un procedimiento en las investigaciones de ambos casos, para que los funcionarios involucrados acudan en calidad de testigos. Además, aseguró que la actuación de la Fiscalía responde a fundamentos basados en la ley, contrario a lo que se ha dicho sobre un posible interés político. Los citatorios tienen como fin que se avance con “seriedad y exhaustividad” en ambas investigaciones.
En el caso de la gobernadora panista Maru Campos, ella recibió personalmente la notificación en la que se le indicó que debe asistir a la sede en Chihuahua de la FGR el próximo 27 de mayo a las 10:00 horas. En el oficio entregado a Campos se precisó que se le cita para “recabar su entrevista en calidad de testigo".
Como apoyo a la gobernadora, el grupo Ciudadanos Unidos por el Rescate de México convocó a una concentración en las inmediaciones de la FGR en Chihuahua y en Ciudad Juárez el mismo 27 de mayo a las 9:00 horas. La agrupación hizo un llamado a los asistentes a acudir de manera pacífica para expresar su apoyo institucional y político a Maru Campos.
En cuanto al caso que involucra a Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza, al presidente municipal con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros siete funcionarios de Sinaloa, quienes presuntamente cuentan con vínculos con la facción de “Los Chapitos”, aún no se tiene conocimiento de cuándo fueron citados para comparecer ante la FGR.
Los otros funcionarios convocados son Dámaso Castro, exvicefiscal de la entidad; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefes de la Policía de Investigación; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía estatal, y Juan Valenzuela Millán, mando de la Policía Municipal de Culiacán. Además de los exsecretarios de Seguridad de Sinaloa, el general Gerardo Mérida Sánchez, y de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, quienes se entregaron voluntariamente a autoridades de Estados Unidos.
¿Qué se investiga en el caso de Chihuahua?
Los pasados 17 y 18 de abril se realizó un operativo en la Sierra Pinal de Chihuahua en el que se desmanteló uno de los narcolaboratorios más grandes del país y que estaba relacionado con el Cártel de Sinaloa. Días después se dio a conocer la posible participación de agentes de la CIA en el despliegue de seguridad, debido a que estos murieron en un accidente automovilístico junto con elementos de la Agencia Estatal de Investigación que participaron en el operativo.
Sobre el caso, se apuntó a un posible delito contra la seguridad nacional debido a que presuntamente se permitió una intervención extranjera por parte del gobierno de Chihuahua sin hacerlo del conocimiento del Ejecutivo Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Qué se investiga en el caso Sinaloa?
El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) hizo públicas las imputaciones en contra de los diez funcionarios públicos morenistas de Sinaloa por haber sido beneficiados por el grupo delictivo de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
En el documento del DOJ se detalló que la administración de Rubén Rocha Moya abusó de su poder para beneficiar a la organización criminal y que estos pudieran actuar con impunidad en el estado. Además, se dio a conocer que “Los Chapitos” ayudaron a Rocha Moya a conseguir la gubernatura de Sinaloa en 2021.