El Gobierno de México reclama ante tribunales en Londres la devolución de 1 416 millones de pesos por la compra de ventiladores mecánicos que nunca fueron entregados durante la pandemia de COVID-19. El caso se remonta a abril de 2020, cuando el entonces Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) firmó un contrato con la empresa inglesa Viva Enterprise Limited para adquirir mil equipos médicos de respiración asistida.
El pago total se efectuó el 13 de abril de aquel año, en plena emergencia sanitaria, con la promesa de entrega inmediata. Pero tras un mes sin respuesta, el Insabi reclamó formalmente. La empresa devolvió solo 300 ventiladores y en julio envió 50 más, dejando pendientes 650 equipos que jamás llegaron.
En la conferencia matutina de este 24 de octubre, la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el contrato fue una de las múltiples adquisiciones internacionales realizadas en medio de la escasez global de equipos médicos, y que Viva Enterprise “se quiso pasar de lista”. El caso, dijo, se considera un engaño documentado, pues la empresa recibió el 100 % del pago sin cumplir las entregas.
Ante la falta de reacción y la no recuperación del dinero, el Insabi presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, que actualmente mantiene una carpeta de investigación abierta por fraude y daño patrimonial al erario.
Según Buenrostro, la demanda internacional pretende recuperar la totalidad de los recursos transferidos a la empresa inglesa, equivalentes a unos 66 millones de dólares al tipo de cambio de ese momento. “Nos quedan 650 pendientes y seguimos el proceso legal en Londres”, explicó desde Palacio Nacional.
La investigación forma parte de la revisión general de contratos suscritos durante la emergencia sanitaria, cuando el Insabi —ya desaparecido— centralizó la compra de equipos y material médico para hospitales del país. Buena parte de esas operaciones se realizaron sin licitación pública y bajo presiones por la escasez de proveedores.
Desde entonces, México ha logrado recuperar solo una parte de los equipos prometidos, mientras el resto permanece en litigio. El caso revela una cadena de omisiones y errores en la verificación de contratos internacionales suscritos en situaciones de emergencia.
Raquel Buenrostro afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha ordenado dar seguimiento jurídico y recuperar cada peso pagado. “Estamos defendiendo el recurso público y buscando responsables dentro y fuera del país”, indicó.
Cinco años después del inicio de la pandemia, el rastro de los ventiladores “perdidos” sigue abierto. La demanda en Londres será clave para determinar si el Estado mexicano puede recuperar los fondos transferidos a una empresa que, en plena crisis sanitaria, prometió vida y entregó solo silencio.
