La mañana de este jueves 2 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió su conferencia de prensa con una frase cargada de memoria y simbolismo: “2 de octubre no se olvida”. Afuera, en el Zócalo capitalino, la bandera nacional ondeaba a media asta como señal de duelo oficial, al cumplirse 57 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum retomó la decisión tomada un año atrás, cuando el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto en el que se reconoció que la represión de 1968 constituyó un crimen de lesa humanidad. Ese reconocimiento se acompañó con las disculpas públicas de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en nombre del Estado mexicano.
La presidenta recordó ese acto como un compromiso histórico de memoria: “Fue una grave atrocidad gubernamental. La disculpa se dirigió a las víctimas, a sus familias y a la sociedad en su conjunto”, dijo.
Compromiso de no repetición
Sheinbaum reafirmó que su gobierno mantendrá la ruta de no repetición de violaciones graves a los derechos humanos. Enumeró los actos que quedaron prohibidos por decreto: el uso de las fuerzas armadas contra la población, la privación ilegal de la libertad, las cárceles clandestinas, las desapariciones forzadas, las torturas y cualquier política de exterminio avalada por el Estado.
“La solidaridad es también con los presos políticos y con quienes aún buscan justicia. Siempre habrá un acercamiento con la Secretaría de Gobernación para garantizar que este compromiso se cumpla”, expresó.
Un aniversario bajo resguardo
Mientras la mandataria hablaba, los alrededores de Palacio Nacional permanecían amurallados y bajo fuerte dispositivo policial. La medida se tomó ante la marcha convocada por organizaciones estudiantiles y de derechos humanos para conmemorar el 2 de octubre de 1968, cuando la Plaza de las Tres Culturas fue escenario de la represión militar que dejó cientos de muertos y desaparecidos.
Ecos del pasado
El decreto del año pasado dejó claro que aquellos hechos no fueron excesos aislados, sino crímenes de Estado cometidos bajo el mando del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien en su quinto informe reconoció el despliegue de fuerzas armadas contra los estudiantes.
Hoy, a más de medio siglo de distancia, el Estado mexicano reiteró oficialmente que la masacre fue un crimen contra la humanidad y que su memoria debe mantenerse viva como advertencia.
