La noche del martes 11 de junio de 2025 marcó el principio del colapso judicial del llamado caso Wallace. Minutos después de las once, Juana Hilda González Lomelí cruzó la última reja del penal federal de Coatlán del Río, en Morelos, después de pasar 19 años y cinco meses en prisión.
Tenía 30 años cuando fue detenida. Hoy tiene 49. Saldría libre tras una orden directa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que las confesiones en su contra fueron obtenidas mediante tortura y, por tanto, no podían sustentar una sentencia penal. La decisión fue aprobada por cuatro de los cinco ministros de la Primera Sala, como parte del amparo directo 26/2022.
González Lomelí fue acusada de participar en el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda en 2005, hijo de la activista Isabel Miranda. Según el expediente, habría llevado a la víctima a su departamento, donde supuestamente fue retenido, golpeado, asesinado y descuartizado. Pero el cuerpo nunca fue localizado. La versión fue sostenida únicamente por declaraciones rendidas bajo coacción.
La SCJN concluyó que esas confesiones, rendidas durante un arraigo en febrero de 2006, no fueron espontáneas ni libres. Juana Hilda relató que fue presionada por agentes ministeriales, que la amenazaron con violarla y hacerle daño a su madre e hija si no aceptaba su participación. Días después, aparecieron las pruebas "clave": una gota de sangre en una tina y una licencia de conducir, halladas en su departamento, que ya había sido cateado sin éxito. Todo eso también fue invalidado por la Corte.
El proyecto, elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, también dejó sin efectos los cateos y las evidencias que derivaron de esas declaraciones. El tribunal consideró que no existen pruebas sólidas para sostener los delitos de secuestro, delincuencia organizada ni portación de armas, por los que fue condenada a casi 79 años de prisión.
La liberación fue inmediata. A la salida del penal, Juana Hilda agradeció al abogado público Víctor Parada Picos y a su equipo jurídico. No hubo ceremonia, ruedas de prensa ni cobertura oficial. Solo una mujer saliendo después de perder casi dos décadas de su vida por un proceso que la Corte declaró viciado de origen.
El caso Wallace tuvo un alto perfil mediático. Fue impulsado durante años por Isabel Miranda de Wallace, quien convirtió su tragedia personal en una bandera de lucha contra el secuestro. Fundó una ONG, colocó espectaculares con los rostros de los presuntos responsables y se reunió con presidentes y fiscales. Hoy, esa narrativa enfrenta cuestionamientos desde el más alto tribunal del país.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que representó a González Lomelí, informó que el fallo de la Corte podría beneficiar a los otros acusados: Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, César Freyre Morales, y los hermanos Alberto y Tony Castillo. Todos fueron procesados con las mismas pruebas ya invalidadas. En algunos casos, como el de Freyre, ya se han documentado actos de tortura certificados por la CNDH.
En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de César Freyre. En su informe preliminar, detalló el uso de métodos como descargas eléctricas, simulacros de ejecución y amenazas contra su familia. El dictamen del Protocolo de Estambul aplicado por la CNDH concluyó que fue víctima de tortura grave, con secuelas permanentes.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también respaldó el fallo. Subrayó que refuerza el derecho a un juicio justo, la prohibición de la tortura, la presunción de inocencia y la obligación del Estado de respetar el debido proceso. Cuestionó además la figura del arraigo, que consideró incompatible con los estándares internacionales.
La decisión de la SCJN fue votada por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo votó en contra. La FGR había pedido aplazar el fallo e inhabilitar al ponente por supuesta "filtración" del proyecto, pero la Corte desechó los argumentos.
La sentencia no declaró la inocencia de Juana Hilda, pero sí confirmó que su condena no puede sostenerse con pruebas obtenidas fuera de la legalidad. Su liberación podría abrir la puerta a una revisión integral del caso Wallace, una de las historias judiciales más controvertidas de los últimos 20 años en México.
