Luego de más de 15 días de la manifestación violenta que dejó más de 100 policías lesionados y decenas de manifestantes hospitalizados y detenidos, las fuerzas políticas de oposición y oficialismo ya hacen lo propio.
Primero fue el Partido Acción Nacional (PAN) el que emprendió una batalla legal por la detención de manifestantes y por la represión ejercida de parte de las autoridades capitalinas en contra de la llamada Generación Z, quienes convocaron a la manifestación.
Luego se criticó de parte del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) la acción legal emprendida en la Fiscalía General de la República en contra de los responsables de la violencia ejercida en contra de los manifestantes.
Pero fue el vocero del movimiento en el poder, el que acudió ante las autoridades correspondientes para hacer frente a las denuncias en contra del oficialismo y autoridades locales por la violencia ocurrida en la manifestación pasada del 15 de noviembre.
Morena lo hizo ante el Instituto Nacional Electoral (INE) principalmente por la supuesta propaganda simulada y uso indebido de recursos para financiar la llamada movilización 15 N.
Luego fue otra vez el Partido Acción Nacional (PAN) pero ahora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde se denunciaron los actos de violencia presentados en la manifestación “Z”.
Morena desestimo las denuncias de la oposición en contra de las autoridades que habrían de haber dado las indicaciones de reprimir con violencia la manifestación de jóvenes.
Morena pide al INE que investigue a Acción Nacional por incumplir las normas del Instituto Electoral y que están establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.
El oficialismo expone que la oposición ocupó recursos públicos para financiar movimientos sociales pagando contratos mensuales a figuras que convocaran a la movilización de ese 15 de noviembre.
