Era 3 de julio de 2025 en Los Ángeles cuando agentes del ICE tocaron a la puerta y se llevaron al hijo del campeón mexicano, esposado, sin resistencia, despojándolo de su celular y de toda la calma que había logrado en meses recientes. En cuestión de horas, las imágenes del arresto se propagaron como fuego en redes sociales, y el caso de Chávez Jr. se transformó en un asunto de Estado que obligó incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum a explicarle al país por qué un ídolo del deporte estaba a punto de enfrentar la justicia.
Fue durante la mañanera del 4 de julio cuando Sheinbaum rompió el silencio. Vestida de blanco, con semblante serio, admitió que no sabía que Julio César Chávez Jr. tenía una orden de aprehensión vigente en México, hasta que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que el arresto respondía también a un requerimiento judicial mexicano.
La presidenta explicó que la investigación contra Chávez Jr. comenzó en 2019, pero no fue sino hasta 2023 cuando un juez giró la orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y drogas. Para ese momento, el boxeador ya pasaba la mayor parte del tiempo en Estados Unidos.
“Pregunté si tenía orden de aprehensión o no… Si no la tenía, nuestra actuación hubiera sido distinta para pedir explicaciones por su detención, pero al confirmarse, se siguieron los protocolos con la FGR”, dijo la presidenta con voz firme.
Aseguró que México está en espera de su deportación para que “cumpla sentencia en nuestro país” y que, mientras tanto, el gobierno garantizará asistencia consular, como con cualquier mexicano detenido en el extranjero.
Una familia que pide respeto
Horas después, la Familia Chávez rompió el silencio a través de un comunicado. Con palabras breves, directas, pidieron respeto para el proceso que enfrentará Julio César Jr., y reclamaron prudencia a los medios:
“Confiamos plenamente en su inocencia y en su calidad humana… Pedimos que se garantice el debido proceso legal y que se eviten juicios anticipados que vulneren su dignidad”, escribieron.
El texto, firmado en conjunto, reconocía que estos eran momentos difíciles para la familia, pero reiteraba que mantendrían la esperanza en las instituciones de justicia tanto de México como de Estados Unidos.
Un historial que no pudo ser esquivado
Detrás de la figura mediática y de los combates sobre el ring, la historia de Julio César Chávez Jr. cargaba un peso que se hacía más pesado con cada escándalo público: problemas de adicciones, separaciones, denuncias de violencia y un entorno que lo mantenía en el ojo de la polémica.
Pero esta vez, las acusaciones van más allá. La Fiscalía General de la República confirmó que la orden de arresto se emitió por delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y de drogas, derivada de una investigación que inició en 2019 y que permanecía latente mientras el boxeador se presentaba en eventos públicos, daba entrevistas o compartía momentos familiares en redes.
El DHS y el ICE en Estados Unidos revelaron que Chávez Jr. había solicitado la residencia permanente en 2024 tras casarse con Frida Muñoz Román, quien en su momento fue pareja de Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sin embargo, detectaron inconsistencias en su solicitud y determinaron que permanecía ilegalmente en el país.
El arresto llegó apenas días después de que se cumpliera la fecha límite de su estancia legal, el 27 de junio de 2025, convirtiendo un proceso migratorio en una causa judicial con implicaciones binacionales.
De los reflectores al exilio judicial
Julio César Chávez Jr. fue alguna vez la promesa de un linaje legendario. El hijo del campeón, el joven que llenaba arenas con un apellido que se pronuncia con respeto en el boxeo mexicano. Hoy, ese mismo apellido está bajo la lupa de dos países que exigen cuentas.
La escena del arresto en Los Ángeles quedará en la memoria de una generación que creció viéndolo pelear. Sin cámaras ni aplausos, con un solo clic de las esposas marcando el final de una etapa y el inicio de otra.
Para Estados Unidos, su permanencia ilegal y sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa lo convierten en una amenaza a la seguridad. Para México, representa un caso judicial que, tarde o temprano, deberá resolverse en tribunales.
El siguiente asalto se peleará en tribunales
Mientras Julio César Chávez Jr. permanece bajo custodia del ICE, el gobierno de México, a través de la FGR, afina los mecanismos para su deportación. La carpeta está lista, la orden vigente y las autoridades mexicanas aseguran que “será recibido con el proceso que corresponda”.
El caso de Chávez Jr. no es solo una noticia de espectáculos. Es el reflejo de un país que todavía pelea con sus contradicciones, entre aplaudir a sus ídolos y exigir justicia sin importar el apellido.
Lo que comenzó como un arresto migratorio se ha convertido en uno de los capítulos más delicados de la familia Chávez. Una familia que, según su propio comunicado, “espera que esta situación se aclare conforme a derecho y a la verdad”.
