Una jueza federal ha otorgado una suspensión definitiva que frena indefinidamente la reforma judicial en México, advirtiendo que cualquier incumplimiento de esta orden constituiría un desacato, lo cual podría derivar en acciones legales por abuso de autoridad. La jueza Martha Magaña López, quien ocupa el cargo de Jueza Quinto de Distrito en el estado de Morelos, concedió esta medida cautelar a cuatro jueces que promovieron un amparo en contra de la reforma.
La decisión de la jueza Magaña López tiene un impacto significativo, ya que el fallo implica que las autoridades responsables de ejecutar la reforma judicial deben abstenerse de hacerlo. En su resolución, la jueza señaló: "Hágase saber a las autoridades responsables que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme con lo que dispone el artículo 266, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, dejó claro que, si se llegara a consumar la reforma o se continuara su ejecución, se daría vista al Ministerio Público Federal, a fin de proceder conforme a la ley.
Antecedentes del caso
La reforma judicial ha sido objeto de intenso debate en México, ya que busca implementar cambios profundos en el sistema judicial. Sin embargo, un grupo de jueces argumenta que dicha reforma violenta sus derechos laborales. Los cuatro jueces que promovieron el amparo alegan que la reforma les pretende cesar de sus cargos sin derecho de audiencia ni indemnización, algo que podría llevarse a cabo simplemente mediante la modificación del texto constitucional.
Estos jueces consideran que el proceso legislativo de la reforma se ha llevado a cabo sin respetar las garantías procesales mínimas. En su amparo, señalaron que la Cámara de Diputados continuó la discusión sobre el tema, sin acatar una suspensión previa que les había ordenado detener el proceso. Este hecho fue uno de los argumentos clave que la jueza Magaña López consideró al otorgar la suspensión definitiva, advirtiendo del peligro inminente de la demora.
La jueza explicó que la reforma judicial está en una fase legislativa crítica, pues, tras ser discutida en la Cámara de Diputados, su próxima parada es el Senado, para luego ser ratificada en las legislaturas locales. Dado este contexto, consideró prudente detener la implementación de la reforma hasta que se resuelvan las inconformidades de los jueces que han impugnado el proceso. "Es factible suspender el acto reclamado para analizarlo a la luz de las inconformidades de los quejosos", subrayó.
Suspensión a favor de jueces
El 3 de septiembre, la jueza Magaña López también otorgó una suspensión de oficio en favor de los mismos jueces. Esta suspensión impide que el proyecto de reforma judicial siga su curso legislativo en la Cámara de Diputados. En términos prácticos, esto significa que la reforma no puede ser sometida a votación por la actual legislatura hasta que se emita una resolución definitiva.
Los jueces promovieron el juicio de amparo específicamente contra el artículo 186 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el cual permite que proyectos de ley dictaminados por el Pleno de una legislatura anterior puedan ser votados por la nueva integración de la Cámara. Los jueces argumentan que esta disposición viola sus derechos y pidieron que no se aplique en su caso.
La jueza consideró que los jueces tienen un interés legítimo en este asunto, ya que la reforma judicial afectaría directamente sus funciones y su estabilidad laboral. Además, aunque mencionó el principio de necesidad en los procesos legislativos, la jueza decidió que había suficientes elementos para suspender la discusión del proyecto de reforma. Esto fue para garantizar la certeza jurídica de todas las partes involucradas y evitar daños irreparables a los derechos de los jueces.
Consecuencias y análisis
La suspensión definitiva concedida por la jueza Magaña López representa un golpe significativo a la reforma judicial impulsada por el gobierno mexicano. El conflicto entre las autoridades y el Poder Judicial refleja la creciente tensión en torno a los cambios que se buscan implementar en el sistema de justicia. Los jueces que impugnaron la reforma argumentan que las modificaciones propuestas no solo afectan sus derechos laborales, sino que también ponen en riesgo la independencia judicial, al facilitar la remoción de jueces sin un debido proceso.
El gobierno, por su parte, sostiene que la reforma es necesaria para modernizar y hacer más eficiente el sistema judicial. Aseguran que la corrupción y la falta de transparencia dentro del Poder Judicial han impedido la justicia en muchos casos, y que estos cambios son indispensables para avanzar hacia un sistema más justo y equitativo.
La suspensión indefinida de la reforma judicial mantiene el debate abierto en México sobre el futuro del sistema judicial. La resolución final de este amparo tendrá repercusiones de gran calado, no solo para los jueces involucrados, sino también para la estructura del Poder Judicial en el país.
