
Julio Berdegué, actual secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) sostuvo reuniones con productores e industria privada del jitomate mexicano en donde se llegó a un acuerdo para hacer frente a los impuestos determinados por el Gobierno de Estados Unidos a esta fruta que se consume en el país vecino.
Agricultura confirmó que el acuerdo se concretó entre representantes de la Secretaría de Economía: Consejo Agrícola de Baja California; Asociación mexicana de Horticultura Protegida; Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa; entre otras asociaciones de protección al jitomate mexicano.
Hace unos días, el Departamento de Comercio de Estados Unidos aplicó una cuota compensatoria antidumping de 17.09 por ciento a las importaciones mexicanas de jitomate y además hizo oficial el fin del acuerdo que data de 1996 con el que se mantenían las ventas del producto mexicano, sin aranceles adicionales.
Esta determinación responde a las quejas interpuestas por los agricultores de jitomate norteamericano, principalmente de Florida, quienes tienen el 70 por ciento de la venta en su país. Sin embargo, el mexicano es de mejor calidad y mejor precio. Aunque el Gobierno de Estados Unidos ha justificado esta medida económica a México, por destacar la producción estadounidense de ese fruto.
“Se planteó la necesidad de establecer un plan de acción integral que ayude a mitigar los impactos del impuesto establecido por EU”, escribió Luis Fernando Haro, director del Consejo Nacional Agropecuario.
El secretario de Agricultura, también se reunió, pero de manera virtual, con ganaderas y ganaderos de seis estados del país: Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora y Tamaulipas.
“Dialogamos para fortalecer las acciones contra el gusano barrenador del ganado y restablecer las exportaciones al más breve plazo. Seguiré informando”, dijo el titular de Agricultura federal por medio de X.
En la Cámara de Diputados se ha resaltado que el impacto que tendrá esta imposición de aranceles al jitomate, no sólo sería para productores, sino que más de 46 mil empleos se verían afectados directa o indirectamente.