Una audiencia judicial celebrada el pasado 4 de noviembre en Ciudad Victoria, Tamaulipas, derivó en un caso que rápidamente escaló a la opinión pública. Durante la sesión, la abogada Aglaeth Silva consiguió que dos de sus tres clientes obtuvieran su libertad al demostrar que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran nulas. Sin embargo, sus señalamientos sobre inconsistencias en el proceso penal generaron molestia en la jueza del Primer Distrito Judicial, Mónica Iliana Pérez Chapa, cuyo gesto inconforme se viralizó en redes sociales.
La audiencia fue suspendida y reprogramada para el 13 de noviembre. Según la litigante, la jueza volvió a cometer los mismos errores procesales, motivo por el cual Silva presentó un incidente y pidió que la juzgadora fuera sustituida por un juez con mayor preparación técnico-jurídica.
En respuesta, Pérez Chapa impuso a la abogada una multa de 1 millón 249 mil pesos, argumentando que había desobedecido la instrucción de no interrumpir la audiencia. La sanción generó una ola de críticas y reacciones en plataformas digitales.
Tras la viralización del caso, el Órgano de Administración Judicial de Tamaulipas decidió destituir a Pérez Chapa de su cargo como jueza oral. Silva promovió un juicio de amparo el pasado 28 de noviembre, con el cual la multa quedó temporalmente suspendida.
Actualmente, la abogada representa a tres exservidores públicos señalados por delitos de alto impacto; dos de ellos ya obtuvieron su libertad debido a que las pruebas en su contra fueron consideradas inválidas.
De acuerdo con reportes periodísticos, Silva no sería la única afectada por decisiones de la misma jueza. El abogado Luis Eduardo Dávila Domínguez también habría recibido una multa de 836 mil pesos luego de cuestionar los protocolos durante una audiencia de vinculación a proceso.
