Desde su celda en una prisión de Brooklyn, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, ha generado controversia al enviar una carta en la que afirma la existencia de audios, videos y otros registros que implicarían al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en nexos con narcotraficantes. Según García Luna, estos registros incluirían comunicaciones entre AMLO, sus operadores, y líderes del crimen organizado, algunos de los cuales fueron utilizados como testigos en su contra durante su juicio en los Estados Unidos.
La carta, escrita a mano y dirigida al periodista Keegan Hamilton a través de su abogado, señala que estos registros están en poder de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Sin embargo, García Luna no proporcionó ninguna prueba concreta que respalde estas acusaciones, ni especificó si alguna agencia de los Estados Unidos tiene en su poder los mencionados audios o videos.
En la misiva de cuatro páginas, García Luna asegura que durante su juicio, varios testigos clave —incluidos narcotraficantes como Ismael "El Mayo" Zambada— implicaron al presidente López Obrador en actividades relacionadas con el narcotráfico. Según el exfuncionario, estos testimonios y pruebas demostraban la colaboración entre el gobierno mexicano actual y las organizaciones criminales. En particular, García Luna mencionó que las recientes capturas y declaraciones de líderes del narcotráfico corroborarían sus afirmaciones.
Uno de los puntos más polémicos de su carta es la alegación de que la Fiscalía de Nueva York le ofreció un trato para reducir su sentencia a solo seis meses si aceptaba inculparse de los delitos de narcotráfico y se convertía en testigo protegido. García Luna rechazó la oferta, alegando que ha sido objeto de una persecución política por parte del gobierno mexicano y que las pruebas presentadas en su juicio no eran concluyentes.
Sin pruebas contundentes
A pesar de la gravedad de las acusaciones, García Luna no presentó ninguna de las pruebas que asegura existen. No se mostró ningún video, audio, ni registro telefónico que respalde sus afirmaciones. Además, en su carta, García Luna sostuvo que, durante el juicio celebrado en febrero de 2023, la parte acusadora no presentó documentos ni evidencia material, como registros financieros, cuentas bancarias o comunicaciones con narcotraficantes.
García Luna también afirmó que ha sido sometido a un trato injusto en prisión, señalando que ha pasado casi un año en celdas de castigo. Según su relato, otros reclusos lo han grabado en secreto durante más de dos mil horas, intentando involucrarlo en conversaciones relacionadas con el narcotráfico.
La respuesta de López Obrador
Hasta el momento, el presidente López Obrador no ha hecho comentarios públicos sobre estas nuevas acusaciones de García Luna. Sin embargo, en ocasiones anteriores, AMLO ha negado cualquier tipo de vínculo con el narcotráfico y ha criticado a su predecesor, Felipe Calderón, y a su equipo de seguridad, incluido García Luna, por sus supuestos tratos con el crimen organizado durante la guerra contra el narcotráfico.
El juicio y condena de García Luna ha sido uno de los temas más polémicos en la política mexicana en los últimos años. Su arresto y proceso legal en los Estados Unidos han generado tensiones entre el gobierno de López Obrador y las administraciones anteriores, mientras que el caso sigue siendo un punto de interés tanto en México como en el extranjero.
El impacto en la opinión pública
Las nuevas acusaciones de García Luna, aunque carecen de pruebas tangibles, añaden más leña al fuego en la ya polarizada política mexicana. Los detractores de López Obrador han utilizado este caso para cuestionar la legitimidad de su gobierno, mientras que sus seguidores ven en estas acusaciones un intento desesperado de García Luna por desviar la atención de sus propios delitos.
El tiempo dirá si estas acusaciones tendrán alguna repercusión legal o política en México, pero por ahora, el caso de Genaro García Luna sigue siendo un símbolo de las complejas y a menudo oscuras relaciones entre el gobierno, la justicia, y el narcotráfico en el país.
