Que no quepa duda: Michoacán es la capital mundial del aguacate. Debido a su enorme valor comercial y cultural, esta fruta ya es llamada por los conocedores como el oro verde de México.
Y, si se analizan los datos, no es para menos.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, entre 1994 (cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y 2021, las exportaciones de aguacate mexicano aumentaron más de 3500 % en volumen y más 7000 % en valor. Cada año, nuestro país exporta cerca de un millón y medio de toneladas de aguacate. Alrededor del 70% proviene de Michoacán.
El principal mercado es, por supuesto, Estados Unidos, que compra más del 80% del aguacate que exportamos, lo que equivale a alrededor de 2700 millones de dólares anuales.
Es por este motivo que se encendieron las alarmas agrícolas y comerciales el pasado 15 de junio, cuando las autoridades estadounidenses decidieron parar las supervisiones y suspender las importaciones de aguacate michoacano, luego de que dos inspectores mexicanos del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal estadounidense fueran detenidos y golpeados por un grupo de manifestantes en la carretera Aranza - Paracho, en Michoacán.
En un inicio, hubo algunas versiones encontradas. Se dijo que los inspectores fueron retenidos por policías, por comuneros, por autodefensas e incluso por integrantes del crimen organizado. El lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la detención corrió a manos de un grupo de policías que protestaban. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que el personal asociado a la embajada estadounidense jamás estuvo en riesgo.
Lo cierto es que, ante la incapacidad de garantizar la seguridad de los inspectores, las autoridades norteamericanas bloquearon la importación de aguacate y mango michoacano. Esto produjo, de golpe, una pérdida estimada en más de siete millones de dólares diarios. Además, cabe recordar que, ante la crisis de violencia que vive Michoacán, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una alerta de nivel 4, lo que significa que no recomienda viajar a dicho estado debido a los delitos y secuestros.
De inmediato, las autoridades de Michoacán, la Secretaría de Agricultura y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México se coordinaron y establecieron contacto con la Embajada de los Estados Unidos para resolver la crisis y reanudar las exportaciones.
El conflicto no dejó de provocar cierta tensión entre México y Estados Unidos. En la mañanera del pasado lunes 24 de junio, el presidente López Obrador le reclamó a las autoridades estadounidenses por “suspender unilateralmente” las importaciones de aguacate, y dijo que esta manera de actuar sentaba un “mal precedente”.
Pese a los reclamos de Palacio Nacional, parece que el conflicto ha quedado resuelto. El sábado 22 de junio comenzaron a reanudarse las inspecciones y exportaciones de aguacate michoacano. El lunes, después de reunirse con el gobernador de Michoacán, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, confirmó que se levantaban las sanciones a la exportación de mango y aguacate michoacano, a cambio de que las autoridades y los productores mexicanos hagan ajustes en materia ambiental, laboral y de seguridad.
Sin embargo, hay varios elementos que no dejan de llamar la atención y que hacen pensar que el problema es más profundo de lo que parece. De entrada, no puede ignorarse que Víctor Manuel Villalobos Arámbula, el secretario de Agricultura, haya puesto sobre la mesa la posibilidad de que, en un futuro, todo el personal que certifique la producción agrícola para los Estados Unidos sea mexicano.
Esto no equivale a resolver los problemas de fondo. Pareciera, más bien, que las autoridades de nuestro país sí están dispuestas a exponer a los connacionales a una situación de vulnerabilidad con tal de asegurar las exportaciones de mango y aguacate.
Tampoco debemos olvidar que Michoacán ha vivido en las últimas décadas una crisis de seguridad sin precedentes, y que hay grandes territorios del estado que están dominados por el narcotráfico.
De hecho, según un estudio realizado por los académicos Romain Le Cour Grandmaison y Paul Frissard Martínez, el crimen organizado ha utilizado la violencia y la corrupción como una herramienta económica para adueñarse de manera sistemática de “territorios, mercados y cadenas de valor”, provocando que el aguacate michoacano sea un mercado legal, sí, pero infiltrado profunda y sistemáticamente por actores criminales, lo cual lo sitúa en una “zona gris” entre los mercados lícitos e ilícitos. Los aguacateros son víctimas de extorsiones y del cobro de derecho de piso.
¿Qué significaría esto? Que muchos productores de aguacate estarían parcial o totalmente sometidos a grupos criminales. Que las autoridades de los Estados Unidos se niegan a realizar supervisiones agrícolas en territorios e incluso en industrias dominadas por el narcotráfico. Y que el Gobierno de México, sin resolver el problema de fondo, estaría dispuesto a hacer este trabajo sucio, arriesgando la integridad de los supervisores mexicanos.
De entrada, debemos celebrar que se hayan reanudado las exportaciones. Esto le hace bien a la economía y a los campesinos de México, que están trabajando para salir adelante. Pero también debemos exigirles a las autoridades que resuelvan el problema de fondo. En realidad, la situación puede plantearse de manera más sencilla: para garantizar la seguridad de los inspectores agrícolas, México tendría que reducir la inseguridad y la violencia. Lo demás son parches.
Yo soy Adela Micha.
