Avanza en el Poder Legislativo la reforma a la Ley de Amparo, los diputados en San Lázaro la turnaron a Comisiones en el Senado de la República: la Industria Privada pide a los legisladores que no la aprueben por los distintos riesgos que conlleva el avalarla.
“Otro punto crítico es la limitación en la forma de garantizar créditos. Al exigirse únicamente depósitos en efectivo o cartas de crédito, se excluye la posibilidad de hacerlo con inmuebles, prendas o negocios en marcha, generando un esquema que favorece únicamente a quienes cuentan con alta liquidez y dejando en desventaja a micro, pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de la economía mexicana”, dice la Coparmex.
El sector privado expuso que las modificaciones que realizó el Senado en días pasados en esta misma reforma en el sentido que las autoridades enfrentarán sanciones en caso de incumplir sentencias.
“Pero advertimos que la cláusula de imposibilidad jurídica o material sigue siendo demasiado abierta2., dice un comunicado compartido a La Saga.
Entre otras cosas que le preocupa al sector privado en México es que de aprobarse la iniciativa a la ley de amparo así como está, esta debilitaría la eficacia de ese recurso.
“En materia de suspensión del acto reclamado, observamos rigidez que debilita la eficacia del amparo como salvaguarda inmediata. Dado que, en casos como el bloqueo de cuentas bancarias o créditos tributarios, las restricciones impuestas impedirán a muchas empresas seguir operando mientras se resuelve el juicio. Esto puede traducirse en cierres de negocios, pérdida de empleos y afectaciones directas a la economía de miles de familias”, dice la Coparmex.
Otro de los temas que puso en focos rojos a los empresarios en México: fue el término de retroactividad que apareció en la iniciativa y que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo ha pedido que se modifique.
“Aún más grave es el hecho que en la sesión vespertina del 1° de octubre en el Senado, se reincorporó un artículo transitorio que establece la aplicación retroactiva de la reforma, lo que impactaría incluso a los juicios que actualmente están en trámite. Este cambio rompe con la certeza jurídica, vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre tanto para ciudadanos como para las empresas que hoy litigan en defensa de sus derechos”, dice la Coparmex.
Ahora está en manos de la Cámara de Senadores que esta iniciativa no afecte los derechos de los mexicanos y tampoco la certeza jurídica en el sector privado.
