El fallo llegó con lenguaje sobrio y cifras frías: siete años de privación de la libertad en un centro especializado para adolescentes. En la sala, quedó el eco de una tragedia que el país miró en tiempo real: el ataque contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, baleado el 7 de junio durante un acto político en el occidente de Bogotá. El adolescente de 15 años que jaló el gatillo aceptó cargos y recibió la sanción máxima contemplada por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Afuera, la conversación pública giró de inmediato hacia lo que falta: quién ordenó y financió el atentado.
La decisión del juez y por qué no hubo reclasificación a homicidio
El menor aceptó, a comienzos de agosto, los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Siete días después, Miguel Uribe murió tras permanecer 64 días hospitalizado y en estado crítico. La ley para adolescentes es clara: una vez aceptados los cargos, no se modifica la calificación jurídica aunque sobrevenga el deceso de la víctima. Por eso la sanción quedó fijada por tentativa, con la medida socioeducativa de internamiento por siete años, sin traslado a cárcel de adultos cuando el joven cumpla la mayoría de edad.
La mañana del ataque: cronología de un crimen
Sábado 7 de junio. Un parque del barrio Modelia se llenó de banderas y celulares en alto. En segundos, la multitud se quebró por los gritos. Un tirador disparó a la cabeza de Miguel Uribe mientras el candidato hablaba con simpatizantes. Intentó huir, alcanzó a recibir un impacto en una pierna y fue reducido a pocas cuadras por el esquema de seguridad. Lo que siguió fue una cadena de ambulancias, cintas amarillas y partes médicos que se repitieron por semanas. El 11 de agosto, el país recibió la noticia de su fallecimiento.
La red logística bajo la lupa
La investigación reconstruyó el andamiaje material del ataque:
- Un vehículo que acercó el arma al punto del mitin.
- Una pistola Glock 9 mm con modificación para ráfaga, adquirida legalmente en 2020 en Arizona, cuya ruta hacia Colombia aún se documenta.
- Enlaces que movieron personas y objetos antes y después del atentado.
Además del menor, las autoridades aprehendieron a varios adultos señalados de planear y ejecutar la operación: conductor, transportistas del arma, enlace y apoyo en extracción. Falta la pieza mayor: los autores intelectuales.
Investigación abierta: hipótesis y cooperación internacional
El expediente avanza con líneas de investigación que buscan mandos y financistas. El Gobierno anunció una recompensa de 3.000 millones de pesos por información, mientras los equipos de seguridad solicitaron apoyo internacional (Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes) para rastrear nexos financieros y migratorios. En el debate público han circulado hipótesis sobre estructuras armadas y posibles alianzas criminales; ninguna ha sido confirmada como tesis principal por la autoridad judicial.
La dimensión histórica: un país que recuerda
El asesinato de un aspirante presidencial reabrió una memoria que Colombia no ha terminado de suturar. La escena de Modelia dialoga con un pasado de magnicidios y con la pregunta que vuelve cada cierto tiempo: cómo blindar la disputa política para que no la decidan las armas. La familia de Miguel Uribe pidió que el caso se investigue con el máximo rigor, sin plazos muertos ni silencios útiles.
La sentencia y su alcance real
La sanción impuesta es una de las más altas previstas para adolescentes: combina seguridad, acompañamiento psicosocial y módulos educativos. Pero no cierra el caso. La justicia para menores responde por quien disparó; el país espera que la justicia penal alcance a quienes reclutaron, movilizaron y pagaron. La responsabilidad institucional también mira al circuito del arma, a los puntos ciegos en el control de tráfico y a las complicidades que hicieron posible un crimen de esta magnitud.
Lo que viene
En los próximos días se esperan nuevas diligencias, cruces de llamadas, verificación de videos, peritajes financieros y cooperaciones con autoridades extranjeras. El objetivo es armar el mapa completo: desde el primer mensaje que reclutó al menor hasta el último peso que financió la logística.
