México ha entregado una nueva ofrenda de 26 capos a Estados Unidos para que, según expertos, Donald Trump continúe aplazando los aranceles que pretende imponer al país, o en su defecto para bajarlos o quizá desaparecerlos. Aunque el Gobierno Federal sostiene que la medida es por la seguridad nacional, el mensaje ha sido interpretado como un acto de sumisión con tal de complacer al mandatario norteamericano.
Este martes, bajo un operativo de máxima discreción, el Gobierno de Claudia Sheinbaum concretó la segunda entrega masiva de líderes del narcotráfico a Washington en menos de un año. El grupo incluye figuras representativas dentro del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, La Familia Michoacana y otras organizaciones criminales, reafirmando la ruta de la actual administración que se abrió a inicios de año: sacar de prisiones nacionales a jefes históricos y operadores de alto rango para ponerlos a disposición de cortes federales en Estados Unidos.
Pero la acción se interpreta también como un mensaje político en plena turbulencia comercial y de seguridad entre ambos países.
Entre los nombres de alto valor operativo y simbólico destacan Abigael González Valencia, “El Cuini”, mano derecha y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación; Servando Gómez, “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios; y Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada.
A ellos se suman jefes de plaza, operadores financieros y líderes regionales de distintas facciones del crimen organizado, implicados en delitos de narcotráfico, lavado de dinero, homicidio y tráfico de armas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la custodia y entrega de los reos se realizó con apego a la Constitución, a la Ley de Seguridad Nacional y a petición expresa del Departamento de Justicia estadounidense, sin que se reportaran incidentes.
Esta entrega masiva de capos tiene dos antecedentes directos. El primero ocurrió en febrero de este año, cuando 29 capos —entre ellos Rafael Caro Quintero, líder fundador del Cártel de Guadalajara; Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”; y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, “Z-40” y “Z-42”— fueron enviados a territorio norteamericano.
Aquella operación se ejecutó bajo un andamiaje legal que evitó el prolongado trámite de extradición, amparándose en la Ley de Seguridad Nacional y en la facultad constitucional de la Presidencia para preservar la integridad del país.
El segundo antecedente se remonta a 2007, cuando el entonces presidente de México, Felipe Calderón, envió en un solo vuelo a 15 líderes criminales a Estados Unidos, entre ellos Héctor “El Güero” Palma Salazar, cabecilla del Cártel de Sinaloa; Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo; y los hermanos Higuera Guerrero, del Cártel de Tijuana. Aquella vez, como ahora, la operación se ejecutó bajo un fuerte hermetismo y coincidió con la visita del entonces procurador de Estados Unidos, Alberto Gonzales. Todos fueron trasladados desde los penales de La Palma, Puente Grande y Matamoros hacia el aeropuerto capitalino y, de ahí, a jurisdicciones estadounidenses.
La maniobra de Sheinbaum, respaldada por el fiscal Alejandro Gertz y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, busca proyectar firmeza y cooperación, pero también refleja la presión de un socio comercial y militar con capacidad de condicionar políticas internas.
Tanto en febrero como ahora, la FGR y la Secretaría de Seguridad han subrayado que la figura aplicada no es la extradición típica —que exige resoluciones judiciales firmes y permite dilaciones—, sino un traslado fundado en la Ley de Seguridad Nacional y en las facultades constitucionales del Ejecutivo para preservar la integridad y la seguridad del Estado. Además, aseguran que estos sujetos “representaban un riesgo permanente a la seguridad pública”.
El trasfondo es político y económico. Tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la relación bilateral se ha tensado por amenazas de aranceles y por la presión para intensificar la lucha contra el fentanilo y el tráfico de drogas. En paralelo, el presidente estadounidense ordenó a su Departamento de Defensa emplear a las fuerzas armadas contra cárteles extranjeros en operaciones extraterritoriales, lo que elevó la temperatura diplomática.
Con los 26 recién entregados a cortes en Chicago, Houston, McKinney, Phoenix, San Antonio, Nueva York, Washington D. C. y White Plains, se procesarán expedientes por narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos, que buscan enviar un mensaje ejemplarizante para quienes opten por una vida criminal vinculada al narcotráfico.
